Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- Las organizaciones magisteriales que componen el Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros (FADSRM) confían en que el Tribunal Supremo falle a su favor y declara inconstitucional la Ley 160 que cambió los términos del retiro de los maestros del sistema público de enseñanza.

El liderato de la Asociación de Maestros, Educamos, Únete y otras organizaciones que componen el frente acudieron ayer al Tribunal Supremo a acompañar a sus representantes legales en la entrega de los argumentos finales requeridos por el alto foro, y cuyo término de entrega se vencía precisamente el lunes.

Como parte de sus argumentos los maestros exponen en su escrito que “ninguna de las causas de la crisis alegadas por el Estado constituyen razones legítimas para despojar a los maestros del derecho propietario y fundamental a su pensión”.

La argumentación de los maestros cita al exjuez asociado del Supremo Rafael Alonso Alonso (1986-1995), quien en una opinión previa señala que “el Estado no debe justificar cambios al sistema de retiro al alegar que son necesarios y razonables para mantener la solvencia económica de éste, cuando la debilidad fiscal del mismo se debe al descuido y a la falta de cuidado del Estado propiamente”.

“Yo vi el escrito y no hay manera alguna de que nos fallen en contra”, aseguró la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz.

De acuerdo con la líder magisterial, es la Constitución de donde emanan las funciones tanto de los jueces como de los maestros por lo que aseguró estar convencida de que la única decisión del Tribunal Supremo debe ser declarar inconstitucional la Ley 160, al menos en lo que corresponde a los maestros que actualmente laboran en el Departamento de Educación y que cotizaron al Sistema de Retiro bajo las condiciones de la anterior ley.

Para Díaz, una decisión como esa sería cónsona con la decisión que el propio Tribunal Supremo emitió hace dos semanas en torno al sistema de retiro de los miembros de judicatura.

Luego de entregar sus argumentos en la sede del Tribunal Supremo en Puerta de Tierra, el grupo de maestros marchó por la Avenida Muñoz Rivera hasta el Capitolio, en donde llevaron a cabo un piquete para demandar de los legisladores la derogación de la Ley 160, y el inicio de un proceso de evaluación de las alternativas presentadas por los maestros para atender el déficit operacional del Sistema de Retiro para los Maestros y la crisis fiscal que afecta al gobierno.