Por: Luis A. Pagán, MA / Para Presencia
Experto en Seguridad*

El escándalo que ha desatado el escalamiento en las escuelas, alegadamente por parte de empleados del contratista de seguridad, no puede quedar enmarcado solamente en la detención y procesamiento de estas personas. Durante los pasados años he sido un fuerte crítico de que la ley que regula la seguridad en Puerto Rico es obsoleta y facilita que situaciones como ésta ocurran todos los días.

La ley 108 del 29 de junio de 1965 es la que actualmente regula la seguridad privada en Puerto Rico. Casi 50 años han pasado y no ha habido voluntad política para hacer cambios trascendentales para que la fuerza de seguridad privada se fortalezca, se promueva la competencia justa y se logre un alto grado de profesionalismo en este campo que, con más de 300 agencias en operación, genera más de 70 mil empleos en la Isla.

La denuncia pública de que hay políticos influenciando para la otorgación de contratos puede ser una de las respuestas  a que no se mueva un dedo en hacer una nueva ley. Este asunto lo llevé a la atención del Gobernador como una preocupación. También me reuní con un asesor legal a quien le presenté algunas ideas que pueden ayudar a mejorar toda esta situación y la industria en general. Al día de hoy no ha ocurrido nada.

El proceso de investigación para otorgar una licencia de guardia de seguridad por parte de la Policía de Puerto Rico puede tomar hasta un año. La ley no exige que la empresa haga una investigación interna previo al reclutamiento. Si la empresa no realiza su propia investigación es posible que se haya contratado a un delincuente, quien a su vez al momento de detectarse que tiene antecedentes penales puede haber transcurrido un año o quizás más tiempo.

Por otro lado, el nuevo impuesto B2B ha aumentado la competencia desleal, ya que empresas que están por la libre les ofrecen a ciertos clientes no cobrarles el IVU a cambio de quedarse con un contrato.

En esta serie de robos en las escuelas es responsabilidad del gobierno verificar todo proceso de subasta llevado a cabo en la contratación de esta o cualquier otra empresa. ¿Se solicitó una certificación de que los empleados contratados fueron investigados? ¿Se verificó que la empresa estaba en 100% cumpliendo con sus responsabilidades fiscales? ¿Qué gestión si alguna se llevará a cabo para salvaguardar el hecho de que los guardias que quedan están debidamente investigados?

Ante la rampante ola criminal, la seguridad privada en Puerto Rico debería figurar como parte de una integración estrecha en la colaboración con las autoridades de ley y orden en la lucha contra el crimen.

Estas medidas no solo deben limitarse a la empresa que ofrecía seguridad en las escuelas, sino que también de manera preventiva debe mínimo provocar una auditoria del resto de las empresas de seguridad que contratan con el gobierno.

• El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de Seguridad, tanto en el sector privado como en el gubernamental. Es egresado de la Academia Nacional del FBI en Virginia, fue agente especial y subdirector del NIE, Director de Seguridad Departamento de Corrección y Rehabilitación y actualmente es gerente general de G4S Secure Solutions en Puerto Rico. Info: 787-961-2044 y luis.pagan@pr.g4s.com.

 

• … Si la empresa no realiza su propia investigación es posible que se haya contratado a un delincuente, quien a su vez al momento de detectarse que tiene antecedentes penales puede haber transcurrido un año o quizás más tiempo. Por otro lado, el nuevo impuesto B2B ha aumentado la competencia desleal ya que empresas que están por la libre les ofrecen a ciertos clientes no cobrarles el IVU a cambio de quedarse con un contrato.

 

 

 

 

 

 

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