SAN JUAN – El representante del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Llerandi Cruz, propuso el sábado que todos los pagos a suplidores de bienes y servicios profesionales al gobierno, obtenidos por medio de la Administración de Servicios Generales (ASG), se deberán efectuar en un término máximo 90 días.

“Entendemos que la dilación en los pagos a los suplidores influye grandemente en el encarecimiento de los bienes y servicios que obtiene el Gobierno. Esto se debe a que los suplidores, al ofrecer los bienes al gobierno en el costo, especulan sobre el prolongado término que tardaran en cobrar por el interminable proceso burocrático que deben procesar sus facturas. En consideración a esta realidad, es imperante el establecer un tiempo razonable no mayor de noventa días para el pago de dichas facturas. Esto, redundaría en una disminución de los costos de tales bienes o servicios ya que a menor tiempo de pago al suplidor, menor serán los gastos de éste por concepto de financiamiento”, señaló Llerandi Cruz en unas declaraciones escritas.

El legislador por el distrito de Arecibo y Hatillo es el autor del Proyecto de la Cámara 1725, el cual añade un nuevo Artículo al Plan de Reorganización Núm. 3-2011, mejor como “Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011”, para garantizar que toda factura relacionada a la venta de servicios al gobierno central sea pagada en un periodo máximo de tres meses calendario.

Para el representante estadista, uno de los grandes problemas por los cuales atraviesa la administración pública en Puerto Rico es la falta de confianza en sus instituciones, incluyendo la ASG.

“Sabemos que existen deudas con suplidores que superan los seis meses. De hecho, hay casos que están cerca del año. Esto afecta la viabilidad de las compañías que ofrecen los servicios. Inclusive, hay suplidores que se encuentran al borde de la quiebra debido a esta situación. Estos atrasos provocan que los beneficios que perciben los suplidores “se los traguen” los intereses que deben pagar a los bancos. Hay que destacar que esta situación está afectando también a las pequeñas y medianas empresas que con la actual crisis económica han pasado a ser suplidoras del Estado”, comentó el legislador del PNP.

Llerandi Cruz enfatizó que la pasada administración implantó las bases para que se pagara, por reglamento, en 90 días, pero que existe la necesidad de que este periodo máximo fuese regulado por ley, en vez de ser a través de una directriz administrativa.

Según el representante, uno de los pasos trascendentales hacia la maximización y eficiencia de los recursos se estableció en el citado Plan de Reorganización en su Artículo 35 sobre procesos de facturación. Este, establece que: “Un año a partir de la aprobación de este Plan o seis (6) meses después de que se establezca el sistema centralizado y automatizado de compras, lo que ocurra primero, toda facturación correspondiente a las compras de bienes y servicios no profesionales tendrá que realizarse de forma electrónica. En dicha facturación se deberá certificar que en efecto se adquirieron los bienes o se prestaron los servicios no profesionales.”

(CyberNews)