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Municipios deben tomar en cuenta realidad económica antes de imponer tarifas para el recogido de desperdicios

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Antonio Ríos, puntualizó, que a pesar de no oponerse a que los municipios impongan tarifas para el manejo y disposición de los desperdicios sólidos, se debe de tomar en cuenta la realidad económica que enfrentan los ciudadanos de Puerto Rico.

En vista pública de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, presidida por la representante Maricarmen Mas Rodríguez, el funcionario señaló en declaraciones escritas que “si bien es cierto que la ley autoriza a los municipios a imponer una tarifa por el manejo de los desperdicios sólidos, entendemos que debe hacerse de manera uniforme… Hacerlo en forma desigual podría generar un perjuicio irracional sobre los residentes de determinados municipios”.

Para ello, recomendó que el monto a fijarse como tarifa para el manejo de la basura debe ser una cantidad que se imponga luego de realizarse un estudio que permita establecer esa cantidad en la forma más objetiva posible.

Explicó que para establecer dicha tarifa, además de realizar una consulta a los ciudadanos, el municipio debe presentar ante la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la cantidad, ya que este organismo es quien regula los márgenes mínimos que pueden imponerse.

El funcionario sugirió que esta oportunidad debe utilizarse para incentivar y fomentar el reciclaje entre los ciudadanos, toda vez que mientras más se recicle, menos basura hay que acarrear y en consecuencia los costos por la disposición disminuyen.

Mientras que el licenciado Carlos A. Contreras Moreno, presidente de la compañía Consolidated Waste Services a cargo del programa ‘Tu Municipio Verde’ de San Germán, señaló que con el servicio en el que se le cobra a los ciudadanos según la cantidad de desperdicios que colocan en un contenedor o una bolsa identificadas, les da la oportunidad de tomar control sobre su gasto por el servicio.

Esto debido a que si logran desviar hacia el reciclaje gran parte de los materiales que se generan, es menor el precio que deben pagar para que se recoja los desperdicios, lo que calificó como “elemento de justicia distributiva”.

Por su parte, la Presidenta de la Comisión señaló que, esperan por información por parte del CRIM, para corroborar si el municipio presentó la determinación de tarifas, tal y como requiere la ley, de modo que se pueda finalizar la investigación.

La Comisión atendió además denuncias hechas por parte del municipio de San Sebastián de actos de favoritismos por parte de los supervisores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el distrito de Mayagüez, de las oficinas técnicas de San Sebastián y Quebradillas, así como de la región de Arecibo para restablecer el servicio energético a un empleado de la corporación durante el mes de octubre, luego del paso del huracán María por la isla.

Félix Avilés de la Oficina de Seguridad del municipio de San Sebastián, señaló que fue testigo de la presencia de cuatro brigadas que se encontraban en el sector Peter Hernández, las cuales realizaron la instalación de nueva infraestructura para energizar la zona en la que viven alrededor de 50 familias el 2 de octubre.

Avilés señaló que al realizar estos trabajos, se dejaron desprovistos del servicio al sector Chain en la que ubica una estación de bombeo, que suple agua potable a una región en la que residen 400 familias, entre las que se encontraban 60 personas encamadas y paciente de diálisis.

Ante estas denuncias el licenciado Joel Ayala, en representación de la AEE, señaló que la corporación todavía realiza una investigación dentro de la división de personal, pero la misma no ha concluido, por lo que la representante Mas Rodríguez le solicitó a la brevedad posible una copia de dicha pesquisa.

Así también se acogió una solicitud del representante Carlos Bianchi Angleró, de realizar una vista ocular en los terrenos para conocer de primera mano si se reparó infraestructura existente o se instaló una nueva, lo que era contrario al orden de prioridades que se había establecido durante la emergencia, en la que los hospitales, las bombas de agua potable y los comercios eran la prioridad.

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