Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) presentó su posición institucional en torno al Proyecto del Senado 820 para reestructurar la política pública ambiental, recalcando que es necesaria la inclusión de uno o más ingenieros licenciados en la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).
Según Edgar Rodríguez Pérez, presidente del CIAPR, los ingenieros licenciados están directamente relacionados con la planificación, diseño, construcción y operación de la infraestructura. Estas recomendaciones surgen como parte de una solicitud del presidente de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes, César Hernández Alfonzo.
El Proyecto 820 tiene como propósito promover una mayor y eficaz protección ambiental y adjudicándole mayores facultades y responsabilidades a la Junta de Calidad Ambiental, (JCA).
“Su esencia es facilitar la búsqueda de información sobre la política pública ambiental gubernamental, simplificándola en una sola ley, con lo cual concurrimos. Sin embargo tenemos una serie de comentarios para refinar la pieza legislativa”, expresó Rodríguez Pérez.
Según el titular del CIAPR, el colegio solicita que se utilice el término ingeniero licenciado con certificación, y sea acorde con la Ley 173-1988, y no ingeniero certificado, ya que esta categoría no existe actualmente por ley. Otro de los puntos que se expone en el proyecto es la creación de la División de Protección y Cumplimiento Ambiental.
Indicó que el CIAPR entiende que esta división es innecesaria, ya que las Áreas Programáticas técnicas que componen la JCA, tienen una división de inspección y cumplimiento ambiental con un personal técnico calificado. Recomiendan que se fortalezcan los programas y que se le brinden las herramientas necesarias para que puedan ejercer su función. También exhortan a que se consulte con la Oficina de Gerencia y Presupuesto antes de crear nuevas oficinas y de modificar algunas divisiones ya existentes.
Por otro lado, en relación al Artículo 27, Programa de Permisos de Operación de Aire bajo el Título V de la “Ley Federal de Aire Limpio”, Rodríguez Pérez sostuvo que la JCA puede utilizar de forma comparativa la recién aprobada la Ley Número 151-2013 conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico a fin de establecer el Programa de Permisos de Operación de Aire.
En los casos de control de ruido ambiental y penalidades indican que se debe consultar con el Departamento de Justicia para que lo analice.
El portavoz de los ingenieros concluyó exhortando que se consulte al Departamento de Recursos Naturales, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Autoridad de Desperdicios Sólidos y a la Oficina de Gerencia de Permisos sobre posibles conflictos de este proyecto de ley con sus facultades y responsabilidades delegadas por ley.