Por: Cybernews
El Comité Contra la Homofobia y el Discrimen se opone enérgicamente a la sugerencia del secretario del Trabajo, Vance Thomas de excluir a las iglesias y a las organizaciones de base de fe, incluyendo las que reciben fondos del erario público, de la ley que prohibiría el discrimen por orientación sexual, e identidad de género real o percibido. Es decir, que el dinero obtenido de las contribuciones y de los impuestos, siga siendo utilizado por las organizaciones de base de fe y que éstas no se vean en la obligación de cumplir con los estatutos esenciales del Proyecto del Senado 238, que busca prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género real y/o percibido, dentro del empleo, servicios públicos, vivienda, y empresas privadas, de la autoría del senador Ramón Luis Nieves.
“El Comité Contra la Homofobia y el Discrimen hace un llamado a no caer en la trampa. Legislar para una sociedad justa y equitativa, donde la exclusión y la marginalización no sean permitidas y mantener a las organizaciones de fe, que reciben aportaciones económicas del erario público y exenciones contributivas, excluidas y que por ende tal exclusión les permita discriminar por orientación sexual e identidad de género, es no legislar”, expresaron en declaraciones escritas.
“Incluso es peor. Es utilizar el dinero de las personas LGBTTIQ, para que el patrón religioso, o el que brinde los servicios, discrimine legalmente. Ya escuchamos a la pastora (Wanda) Rolón, hablar de cómo, quedaría justificado el discrimen hacia una persona LGBTTIQ, si esta persona visibiliza o demuestra su orientación sexual e identidad de género, ante un patrono, cuya moral cristiano-fundamentalista le faculta para así ejecutar”, agregaron.
Además, exigieron que se haga pública, accesible y visible, la lista de las organizaciones de base de fe, que actualmente reciben fondos del erario público.
Aseguraron que estarán vigilantes y le recomendaron al senador Nieves, sabiduría, “porque no vamos a permitir que las llamadas organizaciones de base de fe, que reciben dinero público, sean eximidas de construir una sociedad equitativa, justa y sin exclusión”.
“Dejar los sectores religiosos que se benefician de nuestras contribuciones, fuera del alcance de esta ley, es atentar nuevamente contra la seguridad, la salud pública y el bienestar social de las y los puertorriqueños. De una vez, aprovechamos y por este medio dejamos claro, que no usaran nuestro dinero, para discriminarnos y que acogeremos todas las estrategias posibles para defendernos, de este nuevo atentado”, indicaron.