SAN JUAN – La Asociación de Contratistas Generales de América, capítulo de Puerto Rico (ACG) se opuso el martes, a una medida de ley del senador Cirilo Tirado Rivera para otorgar la legitimación activa a grupos interesados en temas ambientales y facultar a personas a instar acciones jurídicas vinculadas a cualquier legislación ambiental.

Según un comunicado de prensa, en una ponencia presentada durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, la presidenta de la ACG, ingeniera Neyssa Varela, declaró que “debemos asegurar una justa perspectiva, así como provocar una reflexión objetiva en un debate sobre el compromiso ambiental, en un País donde la desinformación y los intereses transitorios se anteponen al razonamiento”.

La medida, de la autoría del senador Tirado Rivera, busca establecer las bases en ley a los fines de otorgar legitimación activa a grupos interesados en el ambiente y facultar personas a instar acciones jurídicas vinculadas a cualquier legislación ambiental. “Recordemos que la Constitución del Estado Libre Asociado promueve la más eficaz conservación de los recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Basándonos en ese principio es que radicamos esta herramienta legal”, el senador.

Varela dijo que la legislación para proteger recursos naturales y sistemas ecológicos comenzó en Puerto Rico a principio de la década del ’70, siguiendo las pautas federales en el “National Environmental Policy Act” (NEPA, por sus siglas en inglés), de 1969 y otra profusión de leyes federales posteriores como el “Clean Air Act”, el “Clean Water Act”, la creación del “Environmental Protection Agency” (EPA, por sus siglas en inglés) y otras.

En Puerto Rico, para esa época, se legisló la Ley de Política Pública Ambiental, Ley 9 de 18 de junio de 1970; derogada por la Ley 416-2004, según enmendada, la ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales, Ley Número 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada y otras, además de la promulgación de un gran número de reglamentos relacionados a la protección del ambiente.

“La realidad legal, unida a la creciente deforestación y expansión urbana e industrial en zonas, tanto urbanas como rurales, estimuló la creación de una profusión de grupos con intereses en la protección del ambiente al crearle el derecho para invocar la mencionada protección. Muchos de estos grupos surgían alrededor de una situación específica, cuando se veía amenazado algún ecosistema en particular o se daba la incidencia potencial o real de actividades que provocan enfermedades de las vías respiratorias”, explicó el senador durante la vista pública. “Así surgieron organizaciones en oposición a la actividad minera en el centro de la Isla, contra la contaminación de la industria petroquímica en el suroeste, a la construcción de plantas nucleares en el norte y sur. Al mismo tiempo, surgieron organizaciones como Misión Industrial, que proveía apoyo organizativo, legal y científico a comunidades que enfrentaban problemas de contaminación ambiental y destrucción de recursos naturales. La naturaleza de todos estos grupos era la de fiscalizar y tomar las acciones necesarias incluyendo acciones de naturaleza legal, para la protección del ambiente y la salud humana. Con esta medida, vamos a darle una herramienta legal a estas organizaciones ciudadanas”, detalló Tirado, senador por acumulación.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, una entidad sin fines de lucro, se pronunció a favor del Proyecto del Senado 1422 en la vista pública. La licenciada Marta Ivette Vélez Álvarez, coordinadora de servicios de la entidad, presentó una ponencia donde elogió la iniciativa incluida en el proyecto de ley. “Queremos un Puerto Rico donde todos, sin discrimen alguno, tengan garantías de participación en los procesos de tomas de decisiones de impacto ambiental”, expresó Vélez Álvarez.

En otro segmento de la vista, el licenciado Charles Hey Maestre, director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico, defendió la medida argumentando que “en este caso de la legitimación activa, la misma ha recibido duros golpes a causa de la doctrina impuesta por el caso Fundación Surfrider versus ARPE, ya que coloca a los grupos ambientalistas en una posición de indefensión. Ya el Supremo federal ha interpretado que en los casos ambientales, el interés de una parte no tiene que ser necesariamente económico o propietario, sino que puede basarse en valores estéticos o ambientales”. En su ponencia, Hey Maestre presentó a la Comisión algunas propuestas enmiendas de tipo técnico al proyecto de ley.

En la vista se informó además que el Departamento de Justicia emitirá próximamente una opinión oficial sobre el Proyecto del Senado 1422, así como un grupo de profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). Luego de recibidas, la Comisión emitirá un informe para la consideración del pleno del Senado.