Panel del FEI exonera a alcalde de Río Grande

01 Feb
Ángel ‘Bori’ González Damudt, alcalde de Río Grande. (Foto/Suministrada)

RÍO GRANDE – El panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) no investigará al alcalde de Río Grande, Ángel ‘Bori’ González Damudt, sobre alegadas actuaciones ilegales en ese municipio, hallazgos que se originaron de una investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia (DJ) en 2017.

No existe prueba que les permita presentar cargos criminales que puedan ser probados más allá de duda razonable.”

De la investigación de Justicia, surge que González Damudt pudo haber infringido varias leyes al utilizar materiales y equipo de su municipio para beneficiar a un tercero y violaciones al Artículo 5 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Empleados y Funcionarios Públicos, Denunciantes, Querellantes o Testigos de Alegados Actos Constitutivos de Corrupción e Infracciones a la Ley de Municipios Autónomos.

El 15 de diciembre de 2017, los fiscales Emilio Díaz y Manuel E. Núñez presentaron ante el panel el informe final sobre la investigación recomendada contra  González Damudt.

La resolución del caso presenta que -en cuanto al asunto que da origen a la investigación de los fiscales especiales, la prueba recopilada por esos, luego de entrevistar a los posible testigos y considerar las declaraciones juradas tomadas-, no existe prueba que les permita presentar cargos criminales que puedan ser probados más allá de duda razonable.

En su informe, los fiscales exponen que la prueba demuestra que María Herrera, residente de Luquillo, solicitó del municipio de Luquillo que se le rellenara parte un terreno de su propiedad ubicada en ese pueblo. Esta adujo que, al ver que el municipio no realizaba la labor solicitada, procedió a comunicarse con el alcalde de Río Grande para que este a su vez se comunicara con el alcalde de Luquillo y le dieran el servicio que esta había solicitado.

El director de Obras Públicas Municipal de Río Grande, Rey Omar Caraballo Rodríguez, manifestó haber aceptado colaborar con el servicio -a solicitud del municipio de Luquillo- utilizando vehículos pesados del municipio de Río Grande para ofrecer el mismo. De la investigación surge que, empleados del municipio de Río Grande nunca recibieron instrucciones del alcalde González Damudt, ni hablaron con él sobre el servicio, y desconocen si el alcalde tenía conocimiento sobre ello. El director de obras públicas indicó que tampoco habló con el alcalde.

Los fiscales recomiendan el archivo de la investigación y señalan que el Departamento de Obras Públicas Municipal de Río Grande debe realizar el cobro de dinero por dichos servicios.

El PFEI concedió el término de 30 días (desde el pasado 23 de enero)  para que el alcalde González Damudt se asegure del cumplimiento con el cobro de la referida deuda.