Sr. Presidente:

Como saben mis colegas, el territorio americano de Puerto Rico, el cual está altamente endeudado, se encuentra ahogado en una grave crisis económica.

Mis constituyentes no son responsables de esta crisis, pero son sus principales víctimas.  Sé que prefieren vivir, trabajar y criar su familia en Puerto Rico, pero en la medida en que la calidad de vida en la Isla se sigue deteriorando, miles se están mudando a los estados todos los meses.  Cada individuo que se va—porque se siente obligado a hacerlo—es una tragedia humana.

He participado en cinco vistas del Congreso sobre Puerto Rico este año.  El mensaje que he llevado sobre la raíz del problema ha sido claro y consistente.  He reconocido que, a través de los años, los líderes de Puerto Rico—con algunas excepciones—han demostrado falta de disciplina y de transparencia en la administración de las finanzas públicas de Puerto Rico.  Por esto, no tenemos a quien culpar sino a nosotros mismos.

Pero, como he reiterado una y otra vez, la crisis tiene una segunda raíz igualmente relevante:  la relación entre el gobierno federal y Puerto Rico, que se asemeja a la relación entre un amo y su sirviente.  Esta relación es una vergüenza nacional.  Le niega a mis constituyentes, miles de los cuales le han servido a la nación americana en sus fuerzas armadas, el más fundamental de los derechos que es votar por sus líderes nacionales.  Recuerden esto la próxima vez que escuche al liderato de Estados Unidos sermonear a otro país sobre la importancia de la democracia.  Como fiel defensor de la Estadidad para Puerto Rico, soy un orgulloso ciudadano americano, pero protestar contra el maltrato a mi pueblo siempre tendrá prioridad sobre ser cortés.

La relación entre el gobierno federal y Puerto Rico le permite tratarnos decentemente cuando les conviene, y a la vez, tratarnos mal cuando les conviene.  Vivimos a su antojo, sujetos a sus impulsos, que no están supeditados a normas legales o estándares morales.  Si hay un rayo de esperanza en esta crisis, es que ha provocado que un gran número de mis constituyentes concluya correctamente, que la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico tiene que cambiar.  Puerto Rico tiene que tener igualdad en esta unión o independencia fuera de ella.  No debemos tener que rebajarnos más a mendigar migajas a este Congreso y esperar a que ustedes nos tiren unas pocas en el camino.  Tenemos que levantarnos, ponernos de pie, mirarles a los ojos y decirles “basta ya”.

No obstante, hasta que Puerto Rico se convierta en un estado o en una nación soberana, nuestro destino descansa en gran parte en manos del Congreso.  He presentado una serie de proyectos de ley que le darán las herramientas a Puerto Rico para ayudarse a sí mismo.  Estos proyectos no buscan una dádiva o trato especial.  Buscan el mismo trato que reciben los estados bajo los programas federales de salud y de ayuda social, bajo los programas de crédito contributivos federales y bajo la ley federal que autoriza la reestructuración de deuda. Los proyectos han sido cuidadosamente elaborados y explicados a fondo.  Si el Congreso se niega a actuar, no será porque mis colegas no tenían opciones razonables para escoger; será porque decidieron no escoger una de ellas.

Es necesaria la acción federal para evitar un impago por parte del gobierno de Puerto Rico en sus obligaciones con los acreedores, lo que sería un evento catastrófico para todas las partes.  Para evitar esto, el Congreso debe autorizar a Puerto Rico a reestructurar una porción significativa de su deuda de bonos, pero de una forma que respete la constitución de la Isla.  Dicha facultad se puede otorgar sin costo alguno para los contribuyentes americanos.  Si se le provee esta autorización, no me opondría a la creación de una junta independiente que respete el rol principal del gobierno de Puerto Rico de elaborar su presupuesto y su política fiscal, pero que esté autorizada a cerciorarse de que el gobierno de Puerto Rico cumpla con estándares presupuestarios e métricas fiscales adecuadas.  En última instancia, lo que Puerto Rico necesita es un buen liderato electo, no una intervención federal de mano dura que erosiona aún más la democracia en la Isla.

A Estados Unidos le conviene que el Congreso actúe — y que actúe ahora.