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PPD denuncia que el Gobierno atenta contra miles de empleos en la agricultura

Ángel Matos García, representante por el Distrito 40 de Carolina. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El Portavoz Alterno del PPD en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, junto a los representantes Ángel Matos y Aníbal Díaz, denunciaron que la administración de Ricardo Rosselló atenta contra miles de empleos en la agricultura, al eliminar los subsidios salariales.

“Luego de cuatro años de crecimiento sostenido, el sector agrícola del país ha tenido que lidiar con dos duros golpes en esta administración. El primero la furia de la naturaleza con que el Huracán María azotó a Puerto Rico y los desaciertos en el proceso de recuperación de la administración Rosselló. El segundo, la incompetencia e insensibilidad de un gobierno que desatiende a los muchos para subsidiar a los pocos, cuando en lugar de otorgar incentivos salariales por empleos creados, sustituyen la ayuda por la producción agrícola. Esto provoca que el 80% de los agricultores no puedan operar, debido a que no tendrán el dinero para costear su operación”, expresó Cruz Burgos en conferencia de prensa celebrada en la sede del PPD.

Los Legisladores del PPD denunciaron que la administración Rosselló decidió abandonar uno de las herramientas equitativas importantes para asistir en el sostenimiento de sobre 20,000 empleos del sector agrícola, en 21 municipios, principalmente del este, la zona central, así como el noroeste y suroeste de Puerto Rico. En síntesis, Rosselló despojó a los pequeños agricultores del incentivo para mano de obra. Ese incentivo implicaba recibir el pago equivalente de tiempo y medio de cada obrero agrícola en las fincas de los agricultores bonafide. El incentivo era a base de las horas trabajadas por los obreros en nómina irrespectivo del tipo de cultivo o producción agrícola, así como el monto de dicha producción.

“Aplicar un programa de incentivos por producción en plena recuperación tras los efectos de un Huracán como Maria es mortal para nuestra agricultura, los agricultores, sus familias y los obreros agrícolas y sus familias. Una vez más, el gobierno de unos pocos, a costa de los muchos. Una vez más la insensibilidad a flor de piel, como bandera de la administración Rosselló. Se trata de la Ley 7 de los agricultores y la reforma laboral de los obreros agrícolas”, sentenció Matos García.

Asimismo, explicaron que una de las herramientas que posee el gobierno para fomentar que más tierras se dediquen al cultivo de alimentos y la crianza de animales, son los incentivos. Además de esta importante herramienta, el Gobierno cuenta con propiedades que pueden alquilarse a trabajadores y familias para su cultivo, así como el desarrollo de semillas para proveer a los agricultores.

“Esto es otra acción sin sentido y sin interés de proteger a nuestra gente del mismo secretario que recomendó a personas beneficiarias del PAN que fueran a otro lado a comprar productos agrícolas si se los cobraban a sobreprecio”, dijo el representante Díaz.

“El pasado cuatrienio hubo una programación acertada que utilizó al máximo los recursos disponibles con resultados importantes para el sector económico agrícola. De encontrar fincas abandonadas y en desuso, bajo nuestra administración se alquilaron 297 fincas de la Autoridad de Tierras, se renovaron 136 contratos de arrendamiento y se enmendaron otros 78”, explicó Cruz Burgos, quien añadió que hasta septiembre de 2016 se habían recuperado y alquilado 297 fincas con una cabida de 20,877.24 cuerdas. Durante nuestra administración se otorgaron 39 contratos de usufructo (561.88 cuerdas), 39 contratos de arrendamiento (499.06 cuerdas) y 119 títulos de propiedad del programa de fincas familiares equivalentes a 1,889.17 cuerdas. Con el uso correcto y equitativo de los incentivos agrícolas, a pesar de las limitaciones presupuestarias, se mantuvo un nivel adecuado que tuvo como resultado el ingreso bruto agrícola de $715,750 millones en 2012 a $901,497 millones en el 2014-15.

El 2 de enero de 2019, entró en vigor el Reglamento 9052 de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), adscrita al Departamento de Agricultura. Dicho reglamento establece cambios significativos en los incentivos agrícolas, la forma en que se distribuye, así como en los requisitos para que los agricultores y obreros agrícolas puedan ser beneficiarios.

La semana pasada, el 6 de marzo de 2019, el Secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, aprobó la Orden Administrativa 2019-07. Dicha orden, recoge los requisitos del reglamento recién aprobado y establece las cuantías por producción agrícola que son requeridas para poder cualificar al incentivo.

Problemas que crea:

  1. Los incentivos se distribuyen mientras duren los fondos.
  2. Los agricultores que participaban del programa, tienen 6 meses para cumplir con los nuevos requisitos.
  3. Al ser un incentivo a base de producción, colocas en manos de las plagas, enfermedades, de la sequía o de las lluvias excesivas, la posibilidad de que un agricultor reciba o no el incentivo y, por tanto, habrá una mayor incertidumbre en la capacidad de ese agricultor en contratar y mantener empleado a un obrero de la tierra.
  4. Asimismo, el incentivo por producción establece unos márgenes que favorece ciertos cultivos sobre otros. Véase tabla de la Orden Administrativa.
  5. Así que en el aspecto de producción se establecen dos criterios: el monto total de la producción y el tipo de cultivo o producto. Esto sumado al aspecto de que los que tienen más tierra para producir, tienen ventaja a la hora de acceder al incentivo y el año malo, por sequías, lluvias, plagas o enfermedades, incide menos en la cantidad de incentivo recibido.
  6. Mientras el pequeño agricultor se las juega toda, en pelea por un incentivo a base de producción que tiene tantos factores externos y que él no controla para poder mantenerse en pie. De hecho, un año malo podría implicar la pérdida del incentivo.
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