Presentarían querellas contra secretario de Educación

11/10/2013

SAN JUAN – El representante Luis ‘Tato’ León Rodríguez denunció el domingo que el Partido Popular Democrático (PPD) planifica utilizar los recursos de estado, en clara violación de ley, para promover intereses político partidista en el municipio de Ponce. El representante estadista además anunció la radicación de sendas querellas en la Oficina de Ética Gubernamental contra el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, por este haber autorizado el uso de las escuelas públicas ubicadas en la ciudad conocida como la Perla del Sur para que el PPD realice su reorganización política de cara a los comicios del 2016.

Secretario designado del Departamento de Educación (DE), Rafael Román Meléndez (Foto / Suministrada)
Secretario designado del Departamento de Educación (DE), Rafael Román Meléndez (Foto / Suministrada)

“En el día de hoy, el partido popular en Ponce realizará su reorganización de su estructura política, y utilizaran como centro de mando las escuelas públicas de nuestro amado municipio. Esto es una clara violación a varias disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental. Ningún funcionario de una administración pública puede emplear los recursos del estado para promover intereses proselitistas, tales como los que hoy quieren hacer. El secretario de educación debió saber que esto era ilegal”, señaló León Rodríguez a través de unas declaraciones escritas.

Según el legislador, una invitación circulada por el senador Antonio Fas Alzamora, delegado presidencial del PPD en Ponce, describe que los integrantes de esa colectividad están requeridos a reunirse el domingo, a partir de las 3:00 de la tarde, en los mismos planteles escolares que utilizaron durante las elecciones generales, con el objetivo de escoger al nuevo liderado de base en cada unidad electoral.

El legislador ponceño adelantó que en su querella a Ética, denunciará que Román Meléndez violó varios artículos de la Ley 1-2012, incluyendo el 4.2 (Prohibiciones éticas de carácter general), donde señala que ‘Un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley’.

También se señalan infracciones al Artículo 4.4 (Prohibiciones relacionadas con la representación de intereses privados conflictivos con las funciones oficiales). Además, León Rodríguez enfatizó que la celebración de esta actividad violenta el Artículo 250, Enriquecimiento ilícito, del nuevo Código Penal de Puerto Rico.

“El mismo martes estaremos enviando las querellas pertinentes para que las autoridades investiguen este acto ilegal. No podemos dejar pasar esta acción. Esto es un abuso de poder y la adjudicación de facilidades públicas sin que exista un fin común para todos”, sentenció el representante.

(CyberNews)