SAN JUAN – El representante del Distrito 4 de San Juan y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Para el Desarrollo de Iniciativas Contra el Crimen y la Corrupción, José L. Báez Rivera, presentó varios proyectos de ley para reformar el sistema disciplinario de la profesión legal, así como del sistema de representación legal de indigentes, mejor conocido como “casos de oficio”. Este grupo de medidas persigue, entre otras cosas, uniformar el sistema disciplinario de los abogados, estableciendo una Comisión Examinadora de Quejas y Querellas, creando una tabla de sanciones por grados a ser impuestas por cada infracción que se cometa a los Cánones de Ética Profesional de los abogados, así como estableciendo un término prescriptivo para las querellas contra abogados.
“Desde que se redactaron y se aprobaron los cánones de ética profesional para los juristas, nunca ha existido un sistema de procesamiento de evaluación de querellas homogéneo donde existan una reglas especificas a seguir ni existe una enumeración de sanciones a ser aplicadas. Tampoco se ha establecido un término prescriptivo para promover una acción disciplinaria contra los abogados. Como abogado entiendo que es necesario e imprescindible que se establezca un sistema uniforme para investigar, evaluar y adjudicar cualquier falta que infrinja un profesional del derecho a nuestros Cánones”, dijo Báez Rivera en un comunicado.
Añadió que en su medida se ha incluido también una codificación de sanciones, “que se impondrán conforme a los principios de disciplina progresiva, de proporcionalidad y equitativa con la falta cometida, en aras de alcanzar la uniformidad”.
Por otro lado, otro grupo de medidas presentadas por el representante proponen la creación de un Panel Voluntario de Práctica Legal Criminal Compensada en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este Panel, sustituirá al actual sistema de asignación de oficio.
“En los últimos años la cantidad de casos de esta naturaleza ha aumentado de forma drástica y descontrolada y el número de abogados llamados a prestar este servicio se ha reducido, provocando una crisis en un gran sector de la profesión legal. La situación se agrava cuando los juristas se ven obligados a buscar más casos que les permita allegarse recursos económicos y ello a su vez provoca atrasos y suspensiones en los casos de oficio. Con todo y esa extrema carga, los abogados “de oficio” han cumplido su deber de manera honrosa y diligente”, expresó.
Con esta medida que impulsa “la asistencia legal al ciudadano indigente continuará siendo libre de costo pero”, haciendo la salvedad, “que el Estado se encargue de pagar al abogado por ese servicio, tal y como ocurre en varios estados de los Estados Unidos y en la jurisdicción federal aquí en Puerto Rico”.
(CyberNews)