SAN JUAN – El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, informó el miércoles, que radicó una resolución conjunta para que la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico provea combustible a crédito a los empleados.

“Nuestra intervención para paliar la situación de estos servidores públicos debe ser puntual y esta resolución es un paso en esa dirección. Nos corresponde tomar otras iniciativas que aminoren el impacto severo que el cierre del Gobierno Federal ha tenido en los empleados federales que laboran en nuestra Isla”, dijo el representante en comunicación escrita.

Rodríguez Aguiló explicó que una cantidad considerable de empleados federales destacados en la isla trabajan directamente en el área de seguridad – en puertos, aeropuertos (TSA), protegiendo nuestras costas (Coast Guard), otros laboran en la reconstrucción post huracán María. “Esta medida proveerá un alivio temporero para estos empleados esenciales. Una vez se normalicen las operaciones, la Administración de Servicios Generales procederá a establecer un mecanismo de cobro razonable y certero por el combustible”, precisó.

La Administración de Servicios Generales es el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública relacionada con las compras de bienes y servicios no profesionales para el Gobierno, municipios y corporaciones. La ASG tiene la facultad en Ley de proveer servicio de combustible, entre otros, a aquellos organismos gubernamentales que lo soliciten y tiene la facultad de imponer el cobro de una tarifa justa y razonable mediante reglamentación por los servicios que se brinden a personas privadas, naturales o jurídicas.

Ya la Compañía de Turismo de Puerto Rico acordó con el Servicio de Parques Nacionales (National Park Service) para que el Castillo San Felipe del Morro y el Castillo San Cristóbal, dos de las principales atracciones turísticas de la isla, continúen operando en su horario habitual, mientras dure el cierre parcial del Gobierno Federal.

En la isla laboran alrededor de 10 mil servidores públicos federales, muchos de los cuales prestan servicios en el área de seguridad y han continuado en sus funciones a pesar de no estar devengando compensación alguna. Cerca de 60 agencias federales cuentan con presencia en la Isla.

El cierre federal inició el pasado 28 de diciembre de 2018. Se estima que unos 800 mil funcionarios han sido afectados por la falta de presupuesto. Unos 420 mil deberán trabajar temporalmente sin paga, como son los funcionarios que laboran en el área de seguridad, mientras que 380 mil deberán permanecer en sus hogares hasta que la controversia sobre el presupuesto sea atendida.