Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- La Rama Judicial de Puerto Rico solicitó hoy a la Asamblea Legislativa que reduzca de la asignación presupuestaria que le corresponde por la fórmula, el mismo 7.4 por ciento que se le disminuye a las otras ramas de gobierno y no el 14.2 por ciento, o de lo contrario “se afectará el funcionamiento de esa rama de gobierno”.

La directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez Colón, dijo en una vista pública ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, que para este año fiscal, el cálculo por fórmula, unido al ajuste por el cierre del año fiscal anterior, conllevaría una asignación presupuestaria total para la Rama de $376.9 millones. Esta asignación garantiza que la Rama pueda cumplir con compromisos programáticos que impactan el presupuesto del próximo año fiscal 2014-2015.

Sin embargo, dijo que en términos de reducción, tal como está presentado el presupuesto, la Rama Judicial enfrentaría una reducción de $53.9 millones, lo que “no es cónsono con la propuesta de la Rama Ejecutiva de que todas las agencias y dependencias de las tres ramas de gobierno aporten equitativamente a la crisis fiscal que enfrente el País”.

“Una reducción presupuestaria como la que se propone conllevaría serias consecuencias para los planes y proyectos ya encaminados, en el acceso a los tribunales y en los compromisos contraídos, todos basados en las proyecciones presupuestarias apoyadas en nuestra fórmula y en la confianza en que ésta se honraría. Nos referimos a proyectos emblemáticos y de probada efectividad en la atención de problemas sociales como son nuestras salas de drogas, salas de violencia doméstica, de salud mental y el proyecto de Justicia para la Niñez”, alertó la directora de la OAT en un comunicado.

Asimismo, señaló que la propuesta de la Judicatura implicaría la aplicación de la fórmula, lo que representaría una asignación de $376.9 millones, a la que se le reduciría el 7.4 por ciento para una asignación total de $352.1 millones.

Además, la funcionaria indicó que el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) toma como base la cantidad asignada por fórmula a la Rama Judicial para el año fiscal corriente que es $348.8 millones. A dicha cantidad le reduce el 7.4 por ciento correspondiente al ajuste proporcional a las Ramas de Gobierno, lo que deja la asignación del Fondo General a la Judicatura en $322.9 millones.

“Esta propuesta requiere que la Rama Judicial tome las medidas necesarias para tratar de compensar la disminución en los ingresos que le corresponderían para el próximo año fiscal. Es por ello que nos hemos adentrado en un proceso de evaluación de medidas de reducción de gastos”, adelantó Vélez Colón.

Entre esas medidas señaló la renegociación en el canon de arrendamiento con los caseros privados, el cierre de tribunales periferales, el cobro de los arrendamientos por los espacios que ocupan en los centros judiciales, agencias del ejecutivo como el Departamento de Justicia, la posible disminución de horarios de servicio, disminuir considerablemente los proyectos como las Cortes de Drogas, la detención de la expansión de la salas de violencia doméstica y de asesinato, recortes en servicios de seguridad y la congelación en la ocupación de los puestos vacantes.

“El impacto presupuestario de estas medidas representa apenas un ahorro proyectado de $10 millones, si se concretan todas y cada una de las propuestas a inicios del nuevo año fiscal. Ello significa que la Rama Judicial tendrá que identificar de manera urgente otras medidas de ahorro que inevitablemente trastocarán el servicio”, añadió la Directora de la OAT.

La funcionaria aclaró que la jueza presidenta del Tribunal de Supremo, Liana Fiol Matta, ha sido firme en mantener la política pública de seguridad de empleo para los funcionarios y funcionarias de la Judicatura por lo que no contemplan la posibilidad de despidos.