SAN JUAN – El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, el representante Jorge Navarro Suárez, envió una el lunes carta al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto M. Lázaro Castro, y al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Juan F. Alicea Flores, en la que solicita información sobre la estructura salarial de los asesores, directores y empleados de confianza de ambas corporaciones públicas.

Según el representante, su requerimiento de información responde a su interés de corroborar que ambas corporaciones públicas estén dando cumplimiento estricto a la Ley 66-2013, estatuto aprobado en julio con el propósito de prohibir la otorgación de bonos de productividad en las agencias y corporaciones públicas.

“Con la aprobación de la Ley 66 la administración de turno le prometió al pueblo de Puerto Rico que los bonos de productividad serían eliminados en las agencias y corporaciones públicas. Sin embargo, al día de hoy no se ha publicado ninguna información oficial que demuestre que el gobierno le esté dando fiel cumplimiento a esta ley tan importante. Es por eso que hemos iniciado el proceso de fiscalización mediante un requerimiento de información a la AEE y la AAA”, expresó el representante en un parte de prensa.

El legislador hizo hincapié en que cuenta con información que apunta a que con la aprobación de la Ley 66, algunos gerenciales y empleados de confianza de la AAA y la AEE obtuvieron aumentos significativos en sus salarios con el propósito de compensar por la eliminación de los bonos de productividad que recibían con anterioridad a la ley.

“De qué vale que el gobierno apruebe una ley que supuestamente elimina los bonos de productividad en las corporaciones públicas, si a la misma vez aumentan los salarios de sus ejecutivos y empleados de confianza para compensar por el efecto de la misma. A fin de cuentas esos gerenciales y empelados de confianza continúan cobrando lo mismo de antes, pero con el gobierno de turno actuando como que hizo un cambio. De confirmarse esta situación se trataría de una tomadura de pelo más de la administración de Alejandro García Padilla”, dijo el legislador.

Navarro añadió que “en todo caso que estas corporaciones públicas se nieguen a entregarnos la información que hemos requerido, no vacilaremos en recurrir a los tribunales. Esto se trata de un reclamo legitimo de transparencia en las operaciones financieras de estas corporaciones públicas en momentos en que vemos aumentos constantes en las tarifas que le cobran a los consumidores por sus servicios”.

(CyberNews)