Por: Redacción Presencia
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CANÓVANAS- El representante, Javier Aponte Dalmau, rechazó categóricamente las acciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) encaminadas a suspender el servicio de electricidad en las comunidades Villa Hugo I y II y la comunidad Valle Hills, “sin que antes se exploren alternativas para este grupo de familias, que invadieron esos terrenos con el apoyo del exalcalde Chemo Soto, que ahora se desentiende de la situación, y los dejó viviendo en condiciones infrahumanas”, expresó el Representante.

Para Aponte Dalmau el caos que viven estas comunidades son producto del consentimiento que recibieron del gobierno municipal para invadir estos terrenos, a todas luces inundables, pero con gran valor ecológico. Las conexiones que se han hecho para las utilidades públicas son también ilegales y mantienen en pleitos a varias agencias federales como la EPA con la administración local.

“La AEE no puede penalizar a estas familias sin antes auscultar alternativas para que puedan pagar pos el servicio de luz… como se hace con las grandes corporaciones. El proyecto comunitario que forma parte de mi gestión legislativa ReCoA (Renacer Comunitario y Autogestión) continúa trabajando para viabilizar la legalidad de estos terrenos y que están familias obtengan sus títulos de propiedad. De esa forma también se viabiliza que estas familias puedan pagar por sus utilidades pública”, añadió.

“En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), se han asignado $4 millones para la construcción de un acueducto comunitario que será autoliquidable y garantizará un servicio de calidad a estas familias”, acotó Aponte Dalmau.

Para el Legislador, quien fue el primero en proponer legislación encaminada a una reforma energética en todo el País, “el hurto del servicio de luz es inaceptable, se deben auscultar alternativas para propiciar que comunidades en condiciones como estas, tengan y paguen por el servicio”.

Aponte Dalmau destacó que hace unos días se reunió con el gobernador, Alejandro García Padilla, que dio inicio a la coordinación de una reunión interagencial para atender estos y otros problemas de esas comunidades, así como adelantar los procesos de permisos y financiamiento de la construcción de un dique en esa zona, que aminoraría los riesgos por inundaciones. El proyecto ya cuenta con el aval del Cuerpo de Ingenieros, la EPA y el Departamento de Recursos Naturales.