SAN JUAN -El representante Ángel Bulerín Ramos hizo un llamado a la Juez Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, para que no cierre el Tribunal de Río Grande.

“La decisión de la Juez Presidenta deja al municipio de Rio Grande, su gente, así como a los residentes de los pueblos limítrofes, huérfanos de un acceso justo y rápido al sistema de justicia de Puerto Rico. No existe ninguna razón lógica para que se cierre la Sala de Primera Instancia en Rio Grande, ninguna. Hago un llamado a la Juez Presidenta para que reevalúe su decisión”, comentó el representante del Distrito #37, el cual comprende los municipios de Rio Grande, Loiza y Canóvanas.

Hace varios días atrás, la Administración de Tribunales, mediante un escueto comunicado de prensa, anunció la determinación de finalizar funciones en el mencionado Tribunal alegando que el mismo es necesario para “evitarle mayores costos a la Rama Judicial”.

Según el expresidente de la Cámara de Representantes, esa justificación es incongruente a la asignación presupuestaria de los Tribunales.

“Existe una realidad, la Junta de Supervisión Fiscal ordenó una reducción en la Asamblea Legislativa de $13 millones, sobre los $11 millones que voluntariamente se habían hecho este año. De hecho, la Rama Legislativa se redujo su presupuesto en sobre 4 por ciento, el doble de lo requerido por la Junta. La Rama Ejecutiva recortó sobre $800 millones, sin embargo, no se tocó el presupuesto de la Rama Judicial. Tiene el mismo presupuesto operacional que el año pasado, más sin embargo alegan que no pueden pagar las operaciones de este tribunal en Rio Grande”, dijo Aponte Hernández.

El próximo 4 de octubre se supone que terminen las operaciones. Los casos serán divididos entre los tribunales de Carolina y Fajardo.

“Este Tribunal es uno de los más activos en toda la región norte de Puerto Rico. Su sala de investigación es utilizada por personas desde Carolina hasta Naguabo que requieren una solicitud de Orden de Protección, por ejemplo, vienen a Rio Grande porque esa sala está abierta las 24 horas. También aquí se ventilan muchos casos de disputas entre vecinos y familiares que, por la distancia que tendrán que viajar ahora, podrían nunca ver una sala de justicia”, añadió Bulerín Ramos.

El legislador del Partido Nuevo Progresista advirtió además que la movida coloca en riesgo a decenas de pequeños y medianos negocios que viven del flujo de personas que a diario visitan las mencionadas facilidades y que eso tendría, a su vez, un efecto cascada en la economía del gobierno Municipal.