SAN JUAN –  La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que preside el representante Víctor Parés Otero, sometió el martes al pleno cameral los resultados del Informe Parcial número decimotercero en torno Resolución de la Cámara 64, concerniente a los casos de hurto de energía eléctrica en la Isla y el proceso de ley donde se le imputa a un abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) irregularidades en el consumo de energía.

En el documento, Parés Otero concluye que “las campañas publicitarias para desalentar el hurto de energía no han dado resultado. Según hemos expuesto, las pérdidas asociadas al robo de luz se estiman en $60 millones anuales. El efecto directo de esta realidad es el aumento en las facturas de los ciudadanos honrados que no recurren a esta práctica ilegal, pues las pérdidas de la AEE relacionadas al hurto de energía se pasan a los abonados”.

El informe añade que los datos provistos por la Corporación reflejan que surgen mensualmente entre 700 a 3,300 casos nuevos de hurto de energía. Adjudica además, que a pesar de la gran cantidad de casos y la enorme pérdida económica, la AEE no mantiene ningún caso activo en los tribunales por esta práctica.

Según datos presentados por la AEE, para el Año Fiscal 2015 se calcularon en un 6.35 por ciento las pérdidas no-técnicas, relacionadas al hurto de energía. De otra parte, los datos de la AEE reflejan que para el Año Fiscal 2015 y 2016 se recobró aproximadamente $18.1 millones y $19.2 millones, respectivamente, asociados al mismo asunto.

A su vez, la Autoridad recibe mensualmente alrededor de 400 confidencias con información sobre posibles irregularidades en el consumo de energía eléctrica y de estas, alrededor de 150 ofrecen información certera.

“En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad de investigar el hurto de energía recae en primera instancia sobre la División de Irregularidades en Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) de la AEE. Esta oficina tiene como objetivo principal la mitigación de las pérdidas no-técnicas que se dejan de facturar por irregularidades y recobrar los casos ya procesados. Una vez, se identifica una irregularidad relacionada al hurto de energía, la misma puede ser procesada en dos esferas: administrativa y criminal”, especifica el escrito.

Parés Otero, amplió que, en el ámbito criminal, los procesos comienzan con la presentación de una querella por parte de la AEE ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ). Cuando se hace el referido, Justicia, en su discreción, determina si procede la radicación de cargos criminales en representación del Pueblo de Puerto Rico. Estos cargos se presentan por violación al Artículo 185 del Código Penal. En este caso, una persona podría ser sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa de hasta $10,000.

En esa línea, el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José “Memo” González Mercado, entregó al Pleno el Segundo Informe Parcial  de la Resolución de la Cámara 881, que investiga los procedimientos y salvaguardas adoptados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para garantizar la adecuada inversión y distribución de los $652 millones de la iniciativa “Abriendo Caminos” para el restablecimiento de la iluminación en las calles de Puerto Rico.

El representante menciona que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) indicó que, durante el transcurso del año 2019, se han firmado 27 contratos de reconstrucción de carreteras por $163 millones, creando sobre 4,000 empleos. Adicional a esto, ya se encuentran en proceso de subasta 30 proyectos a un costo de construcción que alcanza los $143 millones, creando sobre 3,500 empleos adicionales. Además, que al finalizar el 2019 estiman haber comenzado proyectos de construcción con una inversión de sobre $500 millones. Esto, incluyendo mejoras de emergencia, para la creación de sobre 12,500 nuevos empleos.

“En cuanto al Programa de Ayuda de Emergencia destacaron (ACT) que, aproximadamente, el 85 por cientp de todos los letreros se encontraban dañados. Para estas reparaciones, trabajan 21 empresas de ingeniería, bajo 21 contratos. Informaron, además, que, la tarifa de diseño es de $ 7,608,156.29 y el estimado del costo total de construcción asciende a $90 millones. De los $66.1 millones utilizados para proyectos de repavimentación, ya se han otorgado contratos que suman $65.1 millones para impactar 76 segmentos de carreteras en 46 municipios para un total de 301 kilómetros.  Aún se encuentran pendientes 18 mil rótulos, para un costo total de unos $7.5 millones” señala el escrito.

En otro asunto, el Cuerpo respaldó la Resolución Conjunta de la Cámara 569, junto a los representante Antonio “Tony” Soto Torres, Ángel Bulerín Ramos y Juan Oscar Morales Rodríguez, que reasigna fondos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para mejoras permanentes y compra de equipos para el Hospital Pediátrico Universitario y Hospital Universitario de Adultos en Río Piedras; al Hospital Dr. Ruiz Arnau de Bayamón; y otras obras necesarias, al igual que la Resolución Conjunta de la Cámara 555, presentada junto al portavoz alterno de la mayoría, Urayoán Hernández Alvarado, para ordenar al Comité de Evaluación y Disposiciones de Propiedades Inmuebles, la transferencia de la antigua Escuela Walter McK Jones de Villalba a la Fundación Walter McK Jonas.

Del mismo modo, se validó el Proyecto de la Cámara 903, de la autoría del representante Michael Abid Quiñones Irizarry, para enmendar la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, con el objetivo de crear el “Registro de Personas Convictas por Maltrato Animal”. La pieza responde a que el maltrato de animales ha ido en aumento, tanto en Puerto Rico como en el mundo entero. “A esos fines, se propone establecer la política pública del Gobierno en cuanto a este tema, establecer quiénes serán registrados en el mismo, sus deberes y obligaciones y los organismos gubernamentales concernidos”, menciona el autor en la pieza.

 Asimismo, se respaldó el Proyecto de la Cámara 2159, del representante Joel Franqui Atiles, para incorporar a la “Ley para Reglamentar la Industria Lechera” la disposición de que el Administrador quedará vedado por el término de dos años, a partir de cesar el cargo, el ocupar cualquier puesto en la industria lechera.

Seguido, se avalaron las resoluciones conjuntas de la Cámara 533 y 534, del portavoz de la mayoría Gabriel Rodríguez Aguiló, que ordenan a la Autoridad de Tierras (AT) liberar las condiciones y restricciones de los terrenos marcados en Ciales con el número 9-B en el Plano de Subdivisión del Barrio Pozas y el identificado con número Nueve en el Barrio Cialito. De igual forma, la Resolución Conjunta de la Cámara 535, también de Rodríguez Aguiló, para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 64-2018, a los fines de aclarar la convención a metros cuadrados; y disponer los plazos que tendrá la AT para proceder con la liberación de los terrenos.

Como parte de los trabajos, se apoyó la Resolución Conjunta de la Cámara 447, del representante Reinaldo “Rey” Vargas Rodríguez, para ordenar al DTOP y la ACT que conforme a las leyes federales rotulen el área de la carretera PR-3 del Distrito 35, específicamente en los municipios de Humacao y Naguabo, así como el área designada para los ciclistas. 

Los miembros legislativos también ratificaron el Proyecto del Senado 1365, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que modifica varios artículos de la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, con el propósito de establecer como política pública la concesión de usufructos a favor de los municipios referente a las propiedades del Estado en desuso.

De manera similar, se avaló el Proyectodel Senado 1104, que declara el 7 de octubre de cada año como el “Día de la Recordación por las Víctimas del Derrumbe del Sector Mameyes de Ponce”. Mientras que, la Comisión de Transportación e Infraestructura, sometió el Informe Final de la Resolución de la Cámara 1337, en torno a las condiciones de la infraestructura y de las reparaciones necesarias en la Carretera Estatal PR-155, que transcurre entre las jurisdicciones de los municipios de Coamo y Orocovis. El representante González Mercado menciona que cercana a la carretera, existe una casa que está desocupada desde el huracán, y una posible opción contemplada fue expropiarla para ensanchar el área del derrumbe.

No obstante, señala que el DTOP y ACT le expresaron a la Comisión que no tienen nada proyectado hasta el momento de la redacción de este informe. Sin embargo, la Comisión considera una Opinión del Secretario de Justicia (Núm. 30 de 1960), donde señala que la construcción, mejora y mantenimiento de las carreteras son funciones gubernamentales del Gobierno Estatal, y que la Asamblea Legislativa tiene las facultades necesarias para disponer la debida ejecución de tales funciones.

Entretanto, la Cámara concurrió con la petición del Senado de solicitar a la Gobernadora la devolución de los Proyectos del Senado 87, que enmienda la “Ley de Certificados y Comprobantes Electrónicos”, a fin de establecer una Certificación Única de Deuda que acredite el cumplimiento de una persona natural o jurídica con el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Administración para el Sustento de Menores y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico; y  el 1050, en conferencia, que crea la nueva “Ley de Armas de Puerto Rico de 2019”con el fin de reconsiderarla.

De igual manera, concurrió con las enmiendas introducidas por el cuerpo hermano al Proyecto de la Cámara 2107  para denominar la sala principal del Teatro Ideal del municipio de Yauco como la Sala “Felix Rafael Valedón Ortíz”; el Proyecto de la Cámara 2114, para crear el “Programa de Ejercicios para Personas de Edad Avanzada”, que estará adscrito al Departamento de Recreación y Deportes (DRD), y el Proyecto de la Cámara 2318, para eximir de cumplir con las disposiciones de la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” el reglamento que debe ser adoptado conjuntamente por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Departamento Hacienda.

Sin embargo, no concurrió con las enmiendas sometidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 1508, para enmendar la ley que crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, a los fines de establecer la política pública gubernamental sobre la diseminación de información relacionada al tema del bienestar animal, con el propósito de desarrollar actitudes de compasión, sentido de justicia y respeto hacia los animales por parte del público en general,  y la Resolución Conjunta de la Cámara 482, para designar con el nombre de Benjamín Rosa Ortiz, la cancha de baloncesto de la Escuela Superior Benjamín Harrison del Municipio de Cayey, como reconocimiento a su carrera magisterial de casi treinta años. A esos efectos, la Cámara conformó los comités de conferencia para discutir las discrepancias en torno a las medidas.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el jueves, 14 de noviembre de 2019, a las 11:00 de la mañana.