SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley, el martes, los proyectos de la Cámara 405 y 1073,  así como los proyectos del Senado 32 y 264, piezas legislativas que beneficiarán a la mujer.

El primer ejecutivo estuvo acompañado por la primera dama Beatriz Rosselló, quien precisamente impulsó el Proyecto de la Cámara 1073, medida que impone como requisito para ingresar al Registro Único de Licitadores que el proponente demuestre y certifique que cumple con una política laboral de equidad salarial por razón de sexo; y que cuenta con un proceso de autoevaluación para eliminar las diferencias salariales basadas en el sexo de una persona.

“Nuestro compromiso con la mujer en el Plan para Puerto Rico reconoce su rol como punta de lanza de la sociedad puertorriqueña. La política pública de mi Administración atenderá los problemas culturales y estructurales que impiden a muchas mujeres progresar para tener una sociedad justa y equitativa”, expresó el gobernador en conferencia de prensa.

Asimismo, el primer mandatario expresó que “agradezco especialmente a mi esposa Beatriz Rosselló, quien participó activamente y promovió el Proyecto de la Cámara 1073, que obliga a todo licitador que haga negocio con el Gobierno cumplir con la política pública de igual paga por igual trabajo”.

Por su parte, la primera dama indicó que “nuestro compromiso es lograr la igualdad entre mujeres y mujeres en todos los ámbitos”. “Nuestra aspiración es que vivamos en un Puerto Rico en el que todas las niñas, incluyendo a nuestra hija Claudia, no sufran discrimen por ser mujer y en el que todos los niños crezcan y traten a las mujeres con el respeto que merecen”.

Mientras, Frances Ríos, conocida como pionera en América Latina por establecer estándares de medición sobre el cumplimiento de políticas laborales que promueven la equidad, aseguró que “integrar la ley de igualdad de paga por igualdad de trabajo en los procesos de licitación del Gobierno es un paso histórico que posiciona a Puerto Rico como un best practice a nivel internacional en el tema de inclusión de la mujer.  Sobre todo porque esta gran iniciativa tendrá un impacto medible en el crecimiento económico de la Isla”.

El término best practice es utilizado para identificar los modelos de mejores prácticas en un campo o área.

De otro lado, el Proyecto de la Cámara 405, de la autoría de la representante Yashira Lebrón, brinda mayores salvaguardas a potenciales víctimas de violencia doméstica.

La medida obliga a que se notifique en 24 horas a la peticionaria de una orden de protección por violencia doméstica el diligenciamiento de la misma al alegado agresor.

Esta medida permitirá a la víctima conocer de inmediato que la orden de protección emitida fue notificada a su pareja.

Además, el Proyecto del Senado 264 —de los senadores Carmelo Ríos e Itzamar Peña Ramírez— crea un Registro de Personas Convictas por violaciones a la Ley 54 que contendrá la identidad y otras circunstancias personales de toda persona convicta por un delito de violencia doméstica.

Finalmente, el Proyecto del Senado 32 —del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y del senador Luis Berdiel Rivera— crea el Programa Mujeres Agricultoras en el Departamento de Agricultura para proveer ayuda, orientación y servicios esenciales a mujeres agricultoras.

Esta medida persigue fomentar y viabilizar que más mujeres emprendan negocios de agricultura y promuevan la economía local.

Estos proyectos fueron aprobados en la Asamblea Legislativa de forma unánime con excepción del Proyecto del Senado 264, que contó con el voto en contra de dos miembros de la delegación del Partido Popular Democrático.

“En tan solo siete meses hemos logrado avances significativos para las mujeres, como la Ley 16-2017 que promueve igual paga por igual trabajo, la Ley 18-2017 que brinda más seguridad a las víctimas de violencia doméstica y la Orden Ejecutiva 2017-013 que crea el Concilio de Mujeres, entre otras iniciativas”, recordó el primer ejecutivo.

Durante la firma de las medidas participaron la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez; el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores; el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra; y el director de la Administración de Servicios Generales, Miguel Encarnación.