Senado aprueba $1 millón para cada municipio tras azote de huracanes

13 Mar
(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El Senado aprobó el lunes otorgar un millón de dólares a cada uno de los 78 municipios para ayudar a cubrir gastos operacionales y administrativos ante la merma en recaudos provocadas por el paso de los huracanes Irma y María en septiembre pasado.

Según se informó en declaraciones escritas, esta decisión -avalada por alcaldes novoprogresistas y populares- por no tener fuentes de repago, surge luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz anunciara la semana pasada que se disponía a dar paso a un proyecto sustitutivo del Proyecto del Senado 822, presentado por La Fortaleza el cual establecía que dentro de un fondo de 100 millones de dólares los municipios podían obtener préstamos de hasta 5 millones de dólares.

La pieza legislativa pasa a la consideración de la Cámara de Representantes y el presidente del Senado anticipó que la votación cameral será favorable.

El senador Juan Dalmau Ramírez anunció que emitirá un voto explicativo en contra de la medida.

El proyecto sustitutivo establece que la asignación de un millón de dólares provendrá del Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal que se capitalizará con cargo al ‘Single Treasury Account’ del Departamento de Hacienda. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Control Fiscal (JCF) deberán identificar la cuenta presupuestaria correspondiente para cumplir con el fondo. La propuesta de Rivera Schatz, le ahorraría 22 millones de dólares al estado de lo que se propuso en la medida original.

Según la propuesta de la Fortaleza previo a que el gobierno acceda al préstamo el Departamento de Hacienda y la OGP deberán certificar que les adelantaron a los municipios la totalidad de las asignaciones presupuestarias que les corresponden conforme al presupuesto gubernamental. La JCF y OGP serán los entes encargados de determinar las partidas presupuestarias de las cuales provendrá el capital para los préstamos.

El informe positivo del proyecto sustitutivo establece que previo al paso de los huracanes las arcas municipales estaban severamente afectadas por, entre otras cosas, la aprobación de medidas que otorgaban mayores responsabilidades a los municipios sin fuentes de ingresos para costear los mismos. Además, durante el presupuesto para el año fiscal 2016-2017 se contempló una reducción de 350 millones de dólares provenientes del Fondo General. Para el presupuesto vigente ascendió a 175 millones de dólares y durante los meses de julio a diciembre de 2017, los ingresos reflejados por concepto de Lotería Electrónica se vieron afectados por una reducción de 30.1 millones de dólares.

Según la medida, hasta el 26 de febrero pasado los municipios presentaban pérdidas en sus ingresos de aproximadamente 60 por ciento. A esa misma fecha las partidas de ingresos reflejan una reducción de más de un billón de dólares de la cantidad estimada que a julio de 2017 era de sobre dos billones de dólares. “Considerando que el corriente año fiscal termina en los próximos tres meses no se estima viable que los municipios logren recuperar los ingresos dejados de recibir, traduciéndose esto en un atropellado y retante cierre de año fiscal”, establece la pieza legislativa.

La OGP informó a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas que  según informes provistos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) la cantidad global de la deuda pública municipal para el presente presupuesto asciende a 3 millones 956 mil 501 millones de dólares. Esta cantidad no incluye deudas adicionales de préstamos otorgados a los municipios por la banca privada.

Los municipios con mayor deuda municipal son: San Juan ($81,140,331.00), Carolina ($37,356,524.00), Guaynabo ( $29,191,232.00), Bayamón (($24,515,207.00), Caguas ($22,902,166.00), Ponce ($16,672,862.00) y Mayagüez ($14,488,782.00)

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz y su homólogo en la Federación, Carlos Molina coincidieron en vista pública la semana pasada, con el presidente del Senado, que la distribución del dinero no sea mediante préstamo y que lo que se tome en consideración sean la población, nivel de pobreza y el impacto de los huracanes en los municipios.