Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- El Senado aprobó hoy en su sesión el realizar una investigación sobre la alta facturación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Vieques, así como otra investigación sobre posibles violaciones constitucionales contra estudiantes ciegos o parcialmente ciegos en el Instituto Loaíza Cordero.
Por otro lado, la Resolución del Senado 718, de la autoría del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres Torres, que ordena una investigación con relación a la posible violación de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), contra estudiantes ciegos y parcialmente ciegos que asisten al Instituto Loaíza Cordero para Niños Ciegos ubicado en San Juan; incluyendo, pero sin limitarse a cumplimiento de los estatutos y reglamentos aplicables, estatales y federales, sobre población con impedimentos; capacitación y disponibilidad de personal docente y no docente, disponibilidad de materiales escolares, oportunidades de matrícula para estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, el estado operacional del Instituto; su funcionamiento interno; el estado de la planta física; y alegaciones de fraude.
El Senado también aprobó la Resolución del Senado 695, de la autoría de la senadora por Mayagüez y Aguadilla, María T. González López, ordena una investigación sobre el Lenguaje de Señas Puertorriqueño (LSPR) utilizado por la comunidad sorda en Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a las siguientes áreas: su estructura gramatical, peculiaridades lingüísticas y métodos de enseñanza, así como auscultar la situación actual en la concesión de Certificaciones a Intérpretes del Lenguaje de Señas en Puerto Rico.
De la misma senadora, se aprobó la Resolución del Senado 772, que expresa la más sincera felicitación, solidaridad y compromiso con los residentes de las comunidades Altozano y Sonador del Municipio Autónomo de San Sebastián, especialmente al Campamento de la dignidad, por haber prevalecido en justicia tras la determinación emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconociendo el derecho de las comunidades.
En el 2010, QMC Telecom, LLC, solicitó un permiso de construcción de torre de telecomunicaciones ante la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), con el propósito de establecer una facilidad de telecomunicaciones entre estos barrios. Dicho permiso fue concedido, sin embargo, esto despertó la oposición de un grupo de vecinos. Los argumentos de la comunidad radicaban en que algunas de las propiedades se encontraban dentro del radio de seguridad establecido en la Ley 89-2000, la construcción afectaría el valor de sus propiedades y los planes futuros de la vecindad.