Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- Según una reciente encuesta, el 58 por ciento de los puertorriqueños no supo mencionar un solo derecho humano.
Los derechos constitucionales y humanos son desconocidos por la mayoría de los puertorriqueños, por lo cual el senador Aníbal José Torres presentó ayer un proyecto de ley para educar a los estudiantes sobre la importancia de conocer, ejercer y defender estos derechos.
Torres radicó el Proyecto del Senado 533, que se discutirá hoy en la sesión que se inicia a la 1:00 p.m. El Proyecto ordena al Secretario del Departamento de Educación la creación de un programa para la enseñanza de derechos humanos, civiles y constitucionales. El mismo formaría parte del currículo una vez por semana, por término de un semestre en el nivel superior en las escuelas públicas.
La participación en dicho curso sería mandatorio, como requisito de graduación a los estudiantes de cuarto año.
Según Torres, la iniciativa surge luego de publicarse una encuesta en el 2011, donde el 50.2 por ciento de los entrevistados no supo mencionar un solo derecho constitucional que les protege. De la misma manera, el 58 por ciento de los encuestados no pudo mencionar un solo derecho humano.
La encuesta fue realizada la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, en conjunto con el Centro de Periodismo Investigativo, la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.
“Estos resultados contrastan preocupantemente con los hallazgos de un estudio realizado en el 1959, donde el 47 por ciento de los ciudadanos entrevistados no pudo mencionar ni un solo derecho civil. Lamentablemente, en 50 años, hemos tenido un retroceso notable en el conocimiento de nuestros derechos, pero esto lo podemos combatir con educación”, explicó el Senador.
En una ponencia presentada durante las vistas públicas, la organización sin fines de lucro, Amnistía Internacional, apoyó decididamente la medida, ofreció su colaboración y expresó que la idea debe extenderse además a los cursos universitarios por un lado, y en los grados primarios por el otro.
La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico también apoyó la medida, así como la Policía de Puerto Rico y la Universidad Interamericana. Por otro lado, el Departamento de Justicia apoyó la medida y recomendó la consulta con la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre la disponibilidad de fondos para ponerla en práctica.