SAN JUAN – La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Marissa ‘Marissita’ Jiménez Santoni, radicó el Proyecto del Senado 300, con el que busca añadirle un inciso a la ‘Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud’. 

De acuerdo con la legisladora del Distrito de Carolina, se trata del inciso c al Artículo 4, de la Ley Núm. 300-1999, a los fines de establecer el requisito de pago de un sello de rentas internas por la cantidad de $5.00 en cada certificado de la ya mencionada Ley y expedido por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la distribución de los fondos y para otros fines relacionados.  

Según explicó Jiménez Santoni, aunque el Gobierno de Puerto Rico ha convertido en Ley gran cantidad de medidas para evitar la violencia en la población más vulnerable, aún falta mucho por hacer. 

“El 25 de enero de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi emitió la Orden Ejecutiva OE-2021-013, en la que decreta un Estado de Emergencia la violencia de género”, hizo hincapié para luego agregar que, como parte de la Orden Ejecutiva, se creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).

“Ha llegado la hora de lograr prevenir y concientizar a los ciudadanos de la grave situación que está experimentándose en Puerto Rico en torno a la violencia”, puntualizó. 

Ante este panorama, la Senadora del Distrito de Carolina propone identificar fuentes de ingresos para inyectar a los programas ya existentes que ayuden a la prevención y educación, así como también a los servicios que se le ofrecen a las víctimas de violencia de género. 

“Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico se aprobó la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, mejor conocida como ‘Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores de Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud’, que es de naturaleza preventiva al crimen que constituye el abuso físico y sexual y el maltrato contra estos sectores frágiles de nuestra población… Esta certificación debe ser solicitada por cualquier persona que ofrezca servicios en centro de cuido, égidas, casas de salud, auspicio, salud en el hogar o en cualquier otra modalidad que ofrezca servicios a personas de edad avanzada, niños o personas con impedimentos, entre otros”, explicó.

Sin embargo, y según la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP), la información ofrecida por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, para el 2019 se habían expedido 108,647 certificados y para el 2020 69,891, sin costo alguno.

“Lo que nosotros estamos recomendando es que, para sacar el certificado, la persona tenga que pagar un sello de rentas internas por la cantidad de $5.00, que serán distribuidos en las distintas oficinas de la Ley 300 para sufragar gastos administrativos y en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, terminó.