Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- La senadora, Rossana López León, planteó hoy ante altos directivos de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y APS Healthcare, “graves y serias irregularidades de parte de estas agencias” en la prestación de servicios mentales a sus clientes y el incumplimiento de contrato de parte de APS con ASES.

Su señalamiento se produjo durante una vista de parte de la Comisión que ella preside, en la que se consideró la Resolución del Senado 249, de la autoría del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres Torrres, en la que se ordena una investigación sobre los programas de prevención ofrecidos por Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA); el tratamiento a pacientes niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada que reciben servicios de salud mental; el estado de la planta física, equipos médicos, disponibilidad de medicamentes, capital económico y humano, y servicios de rehabilitación y seguimiento ofrecidos en sus clínicas y en los hospitales psiquiátricos.

Representando a esas agencias o empresas, estuvieron presentes el director ejecutivo de ASES, ingeniero Ricardo A. Rivera Cardona, y la vicepresidenta de APS, doctora Wendy Fernández Gordon, quienes presentaron sus respectivas ponencias ante la Comisión, en las cuales informaron el funcionamiento y operación  de cada uno de ellos. APS mantiene una relación contractual de servicios con la ASSMCA.

López León, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, les señaló que, basado a la información sometida por ellos a la Comisión, le preocupa, por lo menos, 16 puntos.

En primer término, las actividades impactan menos del 10 por ciento de la población actualmente, cuando se supone que sea el 85 por ciento, según el contrato. Según lo previsto, solamente se impacta el 8.3 por ciento de la población.

Agregó que, en segundo lugar, en el sistema de integración, se informa por la propia ASES que no se integraron los servicios que se ofrecen, como por ejemplo, cuando debe haber un psicólogo y un trabajador social para facilitar la integración.

“Deseamos que ustedes nos confirmen si esos profesionales, que atienden a los pacientes de salud mental, están en sus oficinas y cuántas horas, según lo establece el contrato. Se nota que hay una consistencia en las quejas. Tiempo de espera muy largo en las oficinas. Poco acceso a citas de seguimiento, el suministro de medicamentos a tiempo y el trato por parte del personal hacia los pacientes. Entre las quejas, se encuentran dificultad de acceso a los servicios, denegación de medicamentos, insatisfacción por el trato recibido. Largo tiempo de espera para obtener cita. Cambio continuo de proveedores de servicio en las clínicas. No existe información en la documentación suministrada por ustedes con respecto a las actividades clínicas y actividades psicoeducativas”, dijo.

En cuanto a los accesos a los servicios, informó que hay de 1,300 a 200 diarias.

“La razón de las llamadas, un 70 por ciento solicita servicio, un cinco por ciento información de proveedores, y un 25 por ciento ayuda y servicios clínicos. Eso no es lo peor. Lo peor es que no hay evidencia alguna de llamadas recibidas entre las 7:00 de la noche a las 5:59 de la mañana del día siguiente. No hay llamadas evidenciadas a esas horas. Aquí lo que queremos es garantizar unos servicios. Además, existe una proporción de llamadas abandonadas, que oscila entre un tres y un cinco por ciento. Es importante saber el por qué se están abandonando esas llamadas, porque sabemos que una llamada de salud mental, puede conllevar la vida o muerte de una persona”, añadió.

Además, encontró en la documentación de ASES y APS que el 85 por ciento de las denegaciones ocurren en pre servicio.

“En la utilización de los servicios de farmacia, APS informa que en ocho meses se despachó un total de 1.3 millones de recetas en la Isla. Esta información nos sugiere que la cantidad de recetas despachadas diariamente es menor a lo esperado por la necesidad de la población. Si no tienen los medicamentos, tenemos un gran problema”, expresó.

Agregó que otra de las quejas es que cuando salen del hospital y van a las clínicas se les cambian los medicamentos, lo que puede ser perjudicial para el paciente.

La senadora concedió 45 días a ASES y a APS para responder por escrito si las irregularidades encontradas por su Comisión en documentación suministradas por ellos es o no correcta.