Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El enfoque de rehabilitación del confinado, de humanización de las penas y de que los derechos civiles son para todas las personas, dejan sin sentido al Proyecto de la Cámara 1296, aseguró hoy el director de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla Ruiz.

Esto mediante una ponencia enviada a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que evalúa la eliminación del sufragio a toda persona convicta por algún delito hasta que haya cumplido con la pena impuesta por el Tribunal.

“Es admisible que el autor de un delito pague por su acto delictivo, pero es inadmisible que sea sometido a una pena adicional o accesoria que en ningún momento se deriva de la imposición de una pena principal, que no tiene ninguna relación con el hecho delictivo y que no está en conflicto con el interés de seguridad del Estado en las prisiones del País o con la seguridad de la ciudadanía en general”, indicó el funcionario público en un comunicado.

Padilla Ruiz hizo énfasis en que ningún delincuente deja de ser persona, a pesar de los actos criminosos que haya cometido, y que la pena, sanción del delito y en debida proporción con él, no debe ser nunca en degradación del ser humano.

“El principio de inviolabilidad de la dignidad del ser humano no puede limitarse a los que viven libremente en la comunidad.  Traspone las rejas de las prisiones, porque tras ellas, quienes pagan su deuda a la sociedad son también seres humanos. Los confinados no están fuera del alcance de la Constitución”, explicó el director de la CDC al citar la jurisprudencia del caso Pueblo vs. Falú Martínez.

Asimismo, argumentó que restringir la expresión por medio del sufragio tampoco puede alegarse como un disuasivo hacia la comisión de algún delito porque cuando un delincuente comete un delito no está pensando en que lo van a procesar, simplemente lo comete y ya.

Según expone la ponencia de la CDC, la legislación propuesta representa una pena adicional a los convictos que solo aumenta su “castigo” y que no cumple con la norma constitucional de la rehabilitación. El derecho a emitir un voto libre y secreto debe ser la piedra angular de la democracia.

“Como institución protectora de los derechos humanos, defendemos su derecho al voto.  De lo contrario, sería retroceder y volver a implementar la venganza como castigo; es volver a la visión antigua de que el confinado debe ser desterrado de la sociedad totalmente, carente de todo derecho. Es negar su existencia y por lo tanto su posibilidad de rehabilitación”, insistió.

Finalmente, cuestionó “¿A qué interés apremiante responde la medida?  La propuesta no responde a ningún interés apremiante del Estado que justifique el que se le impida a los confinados votar”.