LOÍZA –  A solo días para que concluya este gobierno, Taller Salud exigió al administrador de  Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta,  que antes de abandonar su puesto sea responsable y cumpla con el pago de sobre $90 mil que le debe a la institución sin fines de lucro que por 35 años se ha dedicado a ofrecer servicios comunitarios en los residenciales San Patricio y Yuquiyú en el pueblo de Loíza.

Lo responsabiliza por las cesantías, las muertes y los servicios dejados de ofrecer a la gente pobre de Loíza”. 

Según informó la coordinadora general de Taller Salud, Tania Rosario, el 1ero de diciembre del año pasado se firmó un contrato con la Administración de Vivienda Pública pero al sol de hoy, no se ha recibido ni un solo reembolso por los servicios ya ofrecidos.

“La deuda asciende a $94,771.23. Hemos hecho las denuncias siguiendo los canales y Vivienda no ha tomado acción. A pesar de los múltiples esfuerzos, iniciados desde febrero del presente año, y varias reuniones sostenidas,  todavía no hemos recibido el pago, por lo que muchos de los servicios que ofrecemos tuvieron que ser detenidos y nuestros empleados cesanteados”, denunció Rosario, al responsabilizar al Administrador, también,  por el aumento de los casos de violencia en Loíza que han cobrado notoriedad en los medios de comunicación.

Enfatizó en que su preocupación es que el Administrador se haga de la vista larga, abandone la agencia en seis días y nunca cobren el dinero adeudado con el que le hacen justicia a la gente de Loíza.  Taller Salud ha hecho la diferencia en Loíza a través del programa Acuerdo de Paz* que realizaba al menos 20 mediaciones de conflicto mensuales entre bandos enemigos y buscaba soluciones pacíficas a conflictos existentes. 40 días después de cerrar el último expediente de ese programa, se suscitaron en Loíza tres asesinatos en tres días consecutivos: 9, 10 y 11 de septiembre.

“De ordinario, los interruptores de Taller Salud hubiesen estado en la calle, mediando conflictos inmediatamente luego de una muerte, evitando así muertes subsiguientes. Eso no fue posible realizarlo en el mes de septiembre, ni  tampoco  podremos realizarlo durante el periodo navideño, en el que suele concretarse un alza en la incidencia de violencia. Sr. Administrador, ayer fue el día de Navidad, muchos recibieron regalos, Loíza lo único que todavía espera es paz”, apuntó Rosario quien aún se mantiene esperanzada en que Taller Salud recibirá la misma bendición que obtuvieron CREARTE, Centros Sol Isolina Ferré y Boys & Girls Club, tras sus mismos reclamos.

Como consecuencia del impago se cesantearon  8 empleados, 6 de los cuales residen en Loíza –uno de los municipios más pobres de Puerto Rico y con la tasa de desempleo más alta del país-, se cancelaron los contratos de una facilitadora, dos psicólogos y un contable, así como la reducción de jornada del personal administrativo.

Para Rosario, la denuncia al Administrador no puede medirse en dinero sino en vidas y los servicios que recibían y que ahora dejaron de recibir; 62 jóvenes del programa de Educación Sexual Integral, 20 abuelas y sus niet@s del programa Abuelas Criando Nuevamente, 30 madres del programa Derecho a Crecer en Paz, 10 padres del grupo de apoyo Paternidad y Masculinidad sin violencia, conducido por nuestro psicólogo, 30 participantes de nuestro servicio de psicoterapia individual y familiar y 40 jóvenes de alto riesgo que se beneficiaban del programa Acuerdo de Paz.  

Otros programas que reciben ayuda indirecta de Taller Salud y que también sufrirán las consecuencias son al menos 150 jóvenes y adultos que recibían orientación y pruebas rápidas de VIH por parte del nuestro programa Cuídate, cientos de personas que participaban de la  Feria de Salud y unas 20 mujeres adultas y otras 20 jóvenes que se beneficiaban del programa Arte con Salud dirigido a la prevención de las ETS y el VIH.