Por: CyberNews
SAN JUAN – Miembros del Frente de Rescate Agrícola (FRA) urgieron el viernes al Senado la derogación de la llamada Ley Tito Kayak, luego que la medida fuera aprobada en la Cámara de Representantes.
“La Cámara de Representantes actuó. Emplazamos al Senado, a su presidente Eduardo Bhatia, y al gobernador Alejandro García Padilla a que cumplan el compromiso de derogar esta infame ley que criminaliza el derecho a la libre expresión. Pongan la acción donde pusieron su palabra”, expresó Luis Omar García Mercado, arrestado en una manifestación contra los molinos de Santa Isabel.
Esperanzados en que el gobierno cumpla con su promesa de derogar esta disposición y como consecuencia se desestimen los cargos en su contra, algunos de los arrestados presenciaban desde las gradas del hemiciclo, el momento en que el pleno de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto que derogaría la ley por la cual estarían sujetos a tres años de cárcel.
A finales del mes de febrero, los arrestados, el FRA y otras organizaciones presentaron sus ponencias en las vistas públicas celebradas ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes y del Senado para expresarse a favor de la derogación de la ley.
“La participación en las vistas públicas fue abrumadora. Era evidente el consenso a favor de la derogación de este artículo. Un artículo que, sin duda, infringe nuestra Carta de Derechos y lacera un estado de derecho verdaderamente democrático y de apertura hacia los ciudadanos”, puntualizó Amaris Torres Rivera, una de las portavoces del FRA.
Ahora, el proyecto de ley pasa al Senado de Puerto Rico para su evaluación y de ser aprobado, quedaría en manos del gobernador Alejandro García Padilla la correspondiente derogación, de ser finalmente aprobado.
Esta semana comenzó el juicio contra seis ciudadanos arrestados durante una protesta pacífica cercana a la construcción de los 44 molinos de viento en el municipio de Santa Isabel. Actualmente, el juicio se está llevando en el Tribunal de Ponce y se les imputa a los acusados de violar el artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico, conocida como la ley Tito Kayak, que dispone como delito grave todo tipo de actuación ciudadana que interrumpa cualquier obra de construcción.