SAN JUAN  – El director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), Charles Hey Maestre, dio a conocer el martes con gran satisfacción que el proyecto que crea un Fondo para el Acceso a la Justicia a través de la creación de cuentas “plicas” para abogados como “Interest on Lawyer Trust Accounts” (IOLTA) fue convertido en ley recientemente al ser firmado por el gobernador Alejandro García Padilla.

Según Hey Maestre, la intención de esta nueva ley es lograr que fondos en posesión de abogadas, abogados y bufetes, pero que no son propiedad de éstos, generen intereses para que los mismos sean destinados al Fondo para el Acceso a la Justicia. Este nuevo ente, a su vez, los distribuirá entre las organizaciones sin fines de lucro que proveen representación legal gratuita a personas y comunidades de escasos recursos.

“Esta nueva ley es un paso de vital importancia para lograr un mayor acceso a la justicia para las personas pobres del país que no tienen los recursos para pagar por servicios de asistencia legal. Esperamos que nos allegue recursos adicionales tan necesarios en estos momentos para proveer mayores y mejores servicios por parte de instituciones sin fines de lucro, que como la nuestra, ofrecemos servicios legales a los que no cuentan con el poder económico para defenderse en nuestros tribunales”, señaló Hey Maestre en declaraciones escritas.

Según el licenciado, una de las ventajas de este fondo es que no gravará el erario público, toda vez que pone a producir fondos privados que de otra manera no generan intereses. Entre las organizaciones que podrán beneficiarse de este Fondo se encuentran Servicios Legales de Puerto Rico, programas clínicos de las escuelas de Derecho, Pro Bono, Inc. y la Oficina Legal de la Comunidad, entre otras.

De otra parte, indicó que la nueva ley, que entra en vigor inmediatamente, provee para la creación de una Junta Administrativa del Fondo, nombrada por el Gobernador, la cual estará compuesta por cinco miembros. La Junta también contará con el secretario de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados y los decanos de las escuelas de Derecho que tengan programas de asistencia legal, como miembros ex officio.

Finalmente, Hey Maestre señaló que una vez constituida la Junta, ésta tendrá 120 días para adoptar su reglamento, crear procedimientos para la generación y transferencia de los fondos IOLTA, establecer las normas a las que estarán sujetas estas cuentas y fijar criterios, procedimientos y normas para los desembolsos del Fondo para las instituciones que se designen.

(CyberNews)