SAN JUAN – Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (CODEPOLA), se manifestó confiado en que el gobernador Ricardo Rosselló firmará el Proyecto del Senado 1050 para crear la nueva Ley de Armas de Puerto Rico para hacer justicia al ciudadano decente.
“Fue una noche histórica. Ahora, el Proyecto del Senado 1050 pasará a manos de nuestro gobernador Ricardo Rosselló para su firma. Al igual que el autor de la medida, el senador Nelson Cruz, tengo la convicción de que este proyecto se convertirá en Ley porque mantiene las decisiones del Tribunal Supremo federal, y deja claro que, en Puerto Rico, el portar y poseer armas de fuego es un derecho fundamental e individual al igual que en resto de la Nación”, afirmó Torres Meléndez en declaraciones escritas.
El Senado aprobó la noche del domingo el informe del Comité de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 1050 con 22 a favor y cuatro en contra de los senadores Juan Dalmau, Eduardo Bhatia, José Nadal y Cirilo Tirado y tres abstenidos tras coincidir con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes.
Torres Meléndez indicó que el proyecto derogaría la Ley de Armas 404-2000 vigente y la nueva Ley de Vida Silvestre, que regula la caza en el país.
Alegó que “la nueva Ley de Armas permitirá salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico y establece claramente que en Puerto Rico, el portar y poseer armas de fuego es un derecho fundamental, de carácter individual, igual que en el resto de la nación”.
Alegó que entre las disposiciones más importantes está que la solicitud para la expedición de una licencia de armas deberá estar acompañada por un sello de Rentas Internas de 200 dólares y la Oficina de Licencia de Armas de la Policía de Puerto Rico tendrá hasta 45 días para emitirla. De no ocurrir una determinación por parte de la Policía dentro de este término, el solicitante tendrá derecho a acudir al Tribunal Municipal y mediante petición deberá resolverse en 15 días.
Asimismo, alegó la medida estipula que los solicitantes serían verificados mediante el National Crime Information Center (NCIC), National Instant Criminal Background Check System (NICS) y el Registro Criminal Integrado del Departamento de Justicia (RCIJ). De esta manera, el proyecto saca del panorama la necesidad de llevar a cabo una investigación de campo que incluya llevar hasta el tribunal a tres personas para testificar sobre el proceder del solicitante.
“En CODEPOLA estamos muy contentos porque luego de 19 años, por fin se nos ha hecho justicia, eliminando el pago de un sello para pertenecer a la federación y también se eliminó la afiliación compulsoria a un club de tiro. Ahora, podemos practicar para nuestra defensa en cualquier club de tiro, sin amarrarnos”, puntualizó el portavoz de la CODEPOLA.