SAN JUAN – El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Mark Anthony Bimbela reaccionó satisfecho y esperanzado el miércoles con la legislación que firmó el gobernador Alejandro García Padilla que permitiría pruebas de ADN a personas convictas y resaltó que la misma haya sido gestada en un esfuerzo bipartita.

“Con mucha satisfacción hemos recibido la noticia de que el proyecto que viabiliza pruebas de ADN a personas convictas, bajo ciertas condiciones, se convirtió en ley. Tenemos la esperanza que con esta nueva ley se puedan esclarecer muchos casos y que personas que son inocentes no estén encarceladas”, sostuvo el presidente del Colegio en un comunicado de prensa.

Bimbela señaló que la institución gremial más antigua del país, respaldó sin reserva alguna la medida de la autoría del portavoz, Charlie Hernández y coautoría del representante Luis Vega Ramos y la portavoz de la minoría, Jennifer González. A tales efectos, indicó que la medida que garantiza aún más el debido proceso de ley y la búsqueda de la verdad, pone de manifiesto que se pueden alcanzar proyectos beneficiosos para el país y para los derechos democráticos, sin divisiones político partidistas.

“Hemos visto como esta medida pudo aprobarse unánimemente por miembros de los dos partidos en la Cámara y en el Senado por los tres partidos. En ese sentido, felicito a la Asamblea Legislativa por haber dejado a un lado la división partidista y hayan colocado al frente los derechos civiles y democráticos de la ciudadanía”, sostuvo.

Bimbela recordó que el pasado 12 de septiembre, el Colegio aprobó en su Asamblea 175, una resolución apoyando la aprobación de la medida e instando su firma por el gobernador Alejandro García Padilla.

La legislación aprobada y firmada el martes por el mandatario, establece un procedimiento para la realización de pruebas genéticas a aquellas personas convictas que puedan demostrar que existe nueva evidencia o evidencia bajo la posesión del estado, no considerada en juicio y que dicha evidencia podría revocar la convicción. Puerto Rico era la única jurisdicción, dentro de la norteamericana, que no tenía una ley de ADN, que había sido impulsada por la organización Inoccence Project.