Federales arrestan matrimonio por robar dinero a ancianos desde institución bancaria

20 Jan

SAN JUAN – La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, informó que un Gran Jurado Federal acusó a una antigua empleada de una institución bancaria por supuesto fraude bancario y robo de identidad agravado. Además, el esposo de ésta, también fue puesto bajo arresto.

Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal. (Foto/Youtube)

“No se tolerará el flagrante comportamiento de quienes explotan nuestro sistema bancario o sus clientes para ganancias personales y criminales”, dijo la fiscal federal Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

Se trata de María Cristina Cotto Ortiz, contra quien se le presentó cinco cargos criminales por robo, malversación o aplicación incorrecta por un funcionario o empleado de banco; 13 cargos de fraude bancario; 12 cargos por supuestamente hacer una inscripción falsa en un libro, informe o declaración de un banco asegurado por el gobierno federal; dos cargos de robo de identidad agravado; y un cargo por exceder el acceso autorizado de un ordenador protegido.

Su esposo, Natanael Pacheco Martínez, fue acusado de un cargo criminal, sabiendo que se estaba cometiendo un delito contra los Estados Unidos, supuestamente ayudó a Cotto Ortiz a obstaculizar e impedir su aprehensión, juicio y castigo.

Según Rodríguez Vélez, de la acusación de Cotto Ortiz, quien era segundo al mando de una institución bancaria en el municipio de Ceiba, supuestamente robó de una pareja mayor de edad, que depositó en esa institución bancaria 768,800 dólares.

En 2006, según la acusación, Cotto Ortiz supuestamente se acercó a las víctimas y afirmó que había sido autorizada por la institución bancaria para ofrecer una alta tasa de interés a dos clientes. Las víctimas, que conocían a Cotto Ortiz y confiaron en ella, abrieron una cuenta de cheques y ahorros, transfiriendo inicialmente 160,000 dólares y, basándose en las promesas de Cotto Ortiz de aumentar las tasas de interés, depositaron más de 400,000 dólares en un período de 5 años, que representó los ahorros de la vida de las víctimas.

Según se desprende de un comunicado de la Fiscalía Federal, la acusada, supuestamente, en numerosas ocasiones, aceptó depósitos de las víctimas, pero no depositó los fondos en la institución bancaria ni registró su recibo en el sistema informático del banco. En otras ocasiones, Cotto Ortiz supuestamente retiró dinero de las cuentas de la víctima sin su permiso o conocimiento.

Rodríguez Vélez, detalló, además, que supuestamente, durante los períodos de tiempo pertinentes, Cotto Ortiz, mientras trabajaba en el banco, tomó dinero de la bóveda del banco sin autorización y contra la política bancaria, haciendo entradas falsas en el libro mayor del banco para evitar la detección de su robo.

Añadió que, en otros esfuerzos para ocultar su actividad delictiva, y después de haber sido despedida de su trabajo en febrero de 2012, Cotto Ortiz y su esposo Natanael Pacheco Martínez, supuestamente se reunieron con las víctimas y les dieron un cheque de 500 dólares como pago de ‘lulling’ para demorar la detección del esquema.

“Nos preocupa especialmente cuando se alega que los exfuncionarios del banco, que han mantenido posiciones de confianza dentro de sus instituciones, han estado involucrados en actividades delictivas. Seguiremos agresivamente persiguiendo a los funcionarios de los bancos y otros que victimizan a las instituciones financieras ya sus confiados clientes”, sostuvo la fiscal federal.

Mencionó que Cotto Ortiz podría ser castigado con una pena máxima de 30 años de prisión y multa de un millón de dólares por cada fraude bancario, apropiación indebida y cargo por inscripción falsa, pena máxima de hasta 5 años de prisión y multa por el acceso de una computadora protegida sin o en exceso del cargo de autorización, y una sentencia obligatoria consecutiva de dos años por los cargos de robo de identidad agravado.

En cuanto a Pacheco Martínez, se enfrenta a la mitad de la pena máxima legal de Cotto Ortiz.
La fiscal federal auxiliar, Susan Jorgensen de la Unidad de Fraude Financiero y Corrupción procesa el caso.