Gobierno podría cambiar de parecer sobre proyecto de ley

03/17/2014

Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Jorge M. Cañellas Fidalgo, informó hoy que ha constituido un comité de discusión con representación de varios sectores empresariales socios de la CCPR para dialogar y analizar  las diversas posturas relacionadas con el Proyecto de la Cámara 545 de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.

Jaime Perelló, presidente de la Cámara (Foto / Suministrada)
Jaime Perelló, presidente de la Cámara
(Foto / Suministrada)

“La Cámara de Comercio nuevamente provee una plataforma para lograr un diálogo entre todos los sectores de la comunidad empresarial y de negocio en la Isla para impulsar el desarrollo económico del País. Es tiempo de unirnos, dialogar y enfocarnos en buscar terreno común que permite la libre empresa que propicie crecimiento de todos los sectores económicos de País”, dijo  Cañellas Fidalgo en un comunicado de prensa.

Según Cañellas Fidalgo, el Comité estará constituido por el Frank Medina, director de la Junta de la CCPR y presidente del Comité Pymes; Ileann Cañellas, (se alega que no es familiar del presidente), presidenta del Comité de Ventas al Detal; Alberto Estrella, pasado presidente del Comité de Ventas al Detal, y Elliot Pacheco Beauchamp, presidente de la Asociación de Farmacias de Comunidad.

El Presidente de la CCPR expresó que se le ha encomendado a este Comité evaluar el  proyecto de ley, incluyendo diversas enmiendas sugeridas, continuar el dialogo con la legislatura y someter sus recomendaciones a la Junta de la Cámara de Comercio.

“La Junta se reunirá este próximo 27 de marzo y ahí  pasará juicio sobre estas recomendaciones y determinará si  es necesario cambiar la  posición actual sobre este proyecto de ley”, señaló.

Mencionó que la Cámara de Comercio en sus ponencias a la Legislatura, ha expresado su apoyo al proyecto de ley pero tenía reservas sobre algunas secciones del proyecto, e inclusive se opuso al artículo que requiere estudios de impacto económico por entender que, según redactado, dicho artículo violenta la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de los Estados Unidos.