SAN JUAN – A solo días para el inicio de la temporada de huracanes, la Asociación de Manejadores de Emergencias y Profesionales de Seguridad de Puerto Rico (AMEPS) y varias asociaciones del sector privado firmaron el martes, un acuerdo de colaboración para informar a la ciudadanía sobre las medidas que el país debe tomar, y las herramientas de preparación y seguridad ante una emergencia o una catástrofe atmosférica.

El acuerdo fue suscrito por la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociación de Productos de Puerto Rico (Hecho en PR), la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción (ACMC), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y la Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Autos de Puerto Rico (PRADA).

El acuerdo abarca el diseño de planes de manejo de emergencia y continuidad de negocios, la orientación a los consumidores y difusión de mensajes educativos sobre la importancia de que cada hogar tenga un plan de emergencia familiar, sobre la manera adecuada de responder a una emergencia, orientar a los municipios en la preparación de sus comercios a que tengan altos niveles de inventario, entre otros.

Nazario Lugo, presidente de la AMEPS y pasado director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres explicó que “no aprender de las experiencias y emergencias pasadas es aumentar los riesgos de una crisis de seguridad nacional en el país, por ello, estamos enfocados en educar a la ciudadanía y el gobierno y urgirlos a tomar acción proactiva y preventiva de forma coordinada y acertada. El asunto de la eliminación del impuesto a los inventarios es crítico para estar preparados para otra emergencia, ya que no solo impacta alimentos y agua, sino todos los suministros que las agencias, municipios y primeros respondedores deben tener almacenados”

Por su parte, Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal, destacó la importancia de la creación de este frente común, de voces conocedoras en el manejo de emergencias y la industria. “Nuestro deseo es que nuestra isla no vuelva a enfrentar una emergencia como María sin la preparación adecuada. Un aspecto fundamental es que los comercios y las industrias puedan suplirse con todo lo necesario por si ocurre una situación difícil podamos atender las necesidades de todos y a su vez nuestros puntos de venta sirvan de canal de educación ciudadana. Nuestra llamado nuevamente al gobierno, es a eliminar este nefasto impuesto de una vez y por todas”, expresó Báez.

“Resulta inaudito que dos años luego de los huracanes no se haya eliminado este impuesto. Esta imposición ha trascendido de ser un mal impuesto a ser un obstáculo para la seguridad del pueblo”, resaltó Kenneth Rivera, presidente de la CCPR”.

Las asociaciones reconocen la necesidad de mantener abastos y suministros suficientes para atender la necesidad de artículos de primera necesidad en toda la isla, pues según las estadísticas oficiales, la isla tiene inventario para menos de 20 días. Además, según los estudios de la compañía Professional Market Research el porciento de falta de productos en góndolas (“out of stock”) sigue en niveles alarmantes, por sobre el 20%, cuando debe ser un 8% o menos. Por lo que continuarán trabajando para que se concrete la eliminación del impuesto sobre los inventarios, reconociendo que la naturaleza geográfica de la Isla exige un marco contributivo que no castigue la preparación y acumulación de abastos para enfrentar cualquier desastre natural o emergencia catastrófica.

En cuanto a la preparación de los comercios e industrias para esta temporada, la AMEPS aportará su peritaje en la preparación de sus planes de manejo de emergencias.

Por otro lado, las asociaciones reiteraron su llamado al Gobierno a que atienda la falta de abastos en la Isla y no espere atravesar una emergencia. En la emergencia del huracán María se sufrió una seria escasez en los abastos en gran medida, por la permanencia del impuesto al inventario a los comercios.