Por Jaime Torres Torres
Especial para Presencia
FAJARDO – El pasado domingo se despertaron por el insoportable hedor a heces fecales que emanaron a chorros por un registro y discurrieron por la cuneta de la acera.
Otras veces la pesadilla es peor: las corrientes de excrementos suben por los inodoros y el desagüe de la ducha o bañera.
“Tengo que dejar ese registro abierto porque si no lo hago toda esa inmundicia me sube a la casa por el primer baño, como nos ha sucedido tres veces. Es una mezcla de fecales, aceite y papel de inodoro. Eso es en toda la urbanización”, reveló a Presencia el contable Frederick Ayala Calderón, residente desde 2003 en el inmueble E-3 de la Calle 3 de la Urbanización Santa Rita, de 269 casas.
La situación que afrontan Frederick, su esposa Mildred Colón Figueroa y sus dos nietos, entre otros vecinos, parece la escena infrahumana de un país en subdesarrollo, pero todo lo contrario: se repite casi a diario en la urbanización de la llamada metrópolis del Este, que opera con un superávit y, contradictoriamente, parte de sus constituyentes se exponen a focos de contagio y contaminación que afectan su salud, particularmente la de los niños que a veces juegan en sus calles agrietadas, entrando en contacto con las aguas negras.
“También se afecta nuestra calidad de vida. No podemos estar afuera. Uno tiene que estar encerrado por las sabandijas y el mosquero que sale por el registro”, añadió Ayala.
El desarrollador Phillip Diorio Grande, cuyas compañías presuntamente se acogieron al capítulo de la ley de quiebra, incluyó en el proyecto de Santa Rita una planta de tratamiento para la comunidad.
El 30 de septiembre de 2008 la Junta de Calidad Ambiental (JCA) le otorgó un permiso de manejo de la planta sanitaria, que hoy continúa inoperante, sin electricidad por una deuda de casi $250 mil con la Autoridad de Energía Eléctrica y, por consiguiente, sin estaciones de bombeo.
El resultado es que la tubería se obstruye a diario y las aguas sanitarias suben por las alcantarillas, los registros de las residencias y los inodoros, según confirmó este periodista durante una visita a la comunidad.
Las gestiones que realizó el pasado senador por el Distrito de Carolina, el popular Luis Daniel Rivera fueron provechosas en el sentido de que contactó a los residentes con las agencias pertinentes.
Casi al inicio de su gestión, el senador novoprogresista Eric Correa visitó la comunidad. “Esto es inaceptable. Acudimos inmediatamente recibimos el llamado del alcalde Aníbal Meléndez y vamos a estar trabajando mano a mano con esta situación, porque no puede ser que estos residentes, entre los que se incluyen envejecientes, estén expuestos a estas aguas usadas que representan un peligro para su salud. Estaremos comunicándonos con las agencias pertinentes para que se tome acción de forma inmediata. Además hay contaminación afectando la quebrada Matitas y eso no se puede seguir permitiendo”, dijo Correa el pasado 15 de febrero, pero mes y medio después la “acción inmediata” no se concretiza.
El récord constata que Doral Bank financió la obra, pero confrontó problemas financieros y sus activos fueron adquiridos por el Banco Popular de Puerto Rico.
Aunque el récord revela que el alcalde atribuyó parte de la responsabilidad del caos en Santa Rita a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), una fuente de la corporación pública aseguró que sus residentes nunca han pagado los cargos por alcantarillados porque la AAA no tiene injerencia en la infraestructura sanitaria de la urbanización.
En 2014 la JCA y el propio alcalde reconocieron la gravedad y peligrosidad del desbordamiento de aguas negras en Santa Rita. Entonces, Meléndez Rivera alegó que tenía “las manos atadas” porque el verdadero responsable presuntamente era Doral Bank.
Ante la alegada quiebra de la compañía del desarrollador; de la evidente inacción del gobierno municipal y la reticencia de la JCA, los residentes Flor de María, Enoc Rivera, Joel Pelullera y Johanny Llabrés Morales, portavoz de la asociación de residentes de Santa Rita, no descartan una serie de manifestaciones frente a la alcaldía, la JCA y la oficina del empresario Phillip Diorio Grande.
“No queremos llegar al 2020, año de elecciones, para que los políticos regresen con nuevas promesas. Esto es un asunto de salud pública y de respeto a nuestra dignidad como personas que merece una pronta atención y solución”, acotó Llabrés.