SAN JUAN – Como parte del compromiso para garantizar mejor calidad de servicios de salud en la Isla, el senador del Partido Nuevo Progresista, Ángel “Chayanne” Martínez Santiago, realizará una investigación exhaustiva sobre las negociaciones entre el gobierno y las aseguradoras, ante las posibles reducciones en las tarifas del nuevo modelo del Plan de Salud del Gobierno y el impacto que pudiera tener en los pagos a los proveedores.

“Estoy consciente que existe una realidad económica en Puerto Rico, pero mi compromiso es trabajar para que nuestros ciudadanos tengan acceso al mejor sistema de salud posible.  Mi intención es que se pueda llegar a un acuerdo justo entre todas las partes y el paciente no se vea afectado a la hora de procurar los servicios”, acotó Martínez Santiago.

La baja en las tarifas del nuevo modelo pudiera tener un efecto adverso en el plan favorecido por el Gobernador, el cual procura mejorar el ambiente laboral y brindar mayores incentivos económicos a los galenos como parte de las múltiples iniciativas para facilitar que dicho sector pueda establecerse en la Isla.

En adición a la posible baja en las tarifas, varios sectores dentro de la comunidad médica han expresado su malestar debido a que el año pasado se informó que el gobierno federal financiaría el 100% de la Reforma durante un período de dos años mientras actualmente se contempla un plan de ahorros que pudiera afectar directamente los servicios a la población.

“Todavía faltan tres meses para que se implante el nuevo modelo del plan de salud, sin embargo, no puede haber acuerdo que limite la libre selección al paciente ni que atente contra la supervivencia económica de los proveedores de salud. Si queremos cuidar la salud de nuestro pueblo, tenemos que comenzar por proteger a nuestros médicos”, expresó el presidente de la Comisión de Salud en el Senado.

El pasado año, la isla sufrió un éxodo de 700 médicos y se estima que para este año el número podría aumentar. Dicho escenario pudiera provocar una crisis en el sistema de salud; ya que las farmacias, procedimientos especializados y laboratorios pudieran verse afectados y forzados a cesar operaciones al no poder contar con los recursos necesarios para costear los gastos operacionales.