SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Eduardo Berríos Torres, denunció el martes, sobre la orden emitida por la Junta de Control Fiscal (JCF) de cerrar el Plan de Beneficios Definidos del Sistema de Retiro de la UPR (Retiro-UPR) y congelar los beneficios acumulados por sus participantes.

Además, la JCF pidió se reduzcan las pensiones de unos 8,800 empleados retirados del primer centro docente del país.

 “Nosotros le hemos remitido a la JCF dos misivas con evidencia que demuestra que las alternativas de cerrar y congelar el Plan de Beneficios Definidos son rechazadas fundamentadas en los resultados de estudios actuariales.  Estos estudios corroboran el efecto nefasto de la postura adoptada por la JCF contra el Fideicomiso del Retiro-UPR, cuya solvencia y perpetuidad se afectará adversamente con estas acciones. El estudio actuarial, más reciente, refleja que el escenario de congelar el plan de retiro vigente causará que el Fideicomiso se quede insolvente en el año 2043”, expresó Berríos Torres en comunicación escrita. 

La orden de la JCF fue pronunciada en una misiva enviada, el pasado 30 de agosto, al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en la que se solicita revisar el Plan Fiscal de la UPR 2019-2023, presentado el 20 de agosto, por incumplir con las disposiciones de la Ley PROMESA. La JCF se niega a considerar alternativas viables al Retiro-UPR y oculta los fundamentos para su determinación.

El presidente de la Junta de Retiro añadió que “la congelación de beneficios representará, de igual forma, el desfalco financiero de la Universidad ya que le requerirá deshacerse de activos para subsidiar la nómina anual millonaria que tendrá que pagar al Fideicomiso. Ni la JCF ni la UPR han revelado cómo se responderá y garantizará el pago de la nómina presente y futura de los pensionados del retiro universitario”.

Berríos Torres también dijo que estos escenarios (cierre o congelación) provocarán que a los participantes del Retiro-UPR se les incumpla el contrato confeccionado con su patrono al momento de emplearse y redundará en que al momento de su jubilación no reciban la pensión para la cual cotizaron con sus salarios mensuales. Al momento de pensionarse, aseguró que “los trabajadores universitarios estarán condenados a un estado de pobreza absoluta”.

Según el funcionario universitario, la JCF tampoco considera que el Retiro-UPR es un plan maduro donde actualmente el 75 por ciento por ciento de los 10,200 participantes activos ya adquirió el derecho a una pensión bajo el Plan de Beneficios Definidos. Afirmó que la JCF pretende mover a los participantes activos a un Plan de Contribución Definida, hecho que no hace sentido para los empleados de la UPR con derecho a recibir una pensión bajo el Plan de Beneficios Definidos tan pronto cumplan con los requisitos para jubilación. 

“Si el Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente queda insolvente, por las propuestas que pretende implementar la JCF, la Universidad tendrá que identificar la fuente de repago de la nómina de los pensionados. Esta nómina actualmente es de 200 millones de dólares anuales y es solventada por los activos del Fideicomiso del Retiro-UPR. Dentro de cinco años, de cerrar el plan de retiro vigente, esa nómina aumentará a 500 millones de dólares para responderle al 75 por ciento de los empleados activos de la UPR con derecho a su pensión”, destacó Berríos Torres. 

De otra parte, se explicó que, para el año fiscal 2017-2018, la UPR aportó 68.9 millones de dólares al Fideicomiso del Retiro-UPR, los participantes aportaron 36.4 millones de dólares y el propio Fideicomiso aportó de sus réditos $92.1 millones. La propuesta de la JCF eliminaría los 105.3 millones de dólares de ingresos provenientes las aportaciones individuales de los empleados y la aportación patronal, descansando exclusivamente en la Universidad la obligación total de pagar la nómina millonaria de las pensiones.

“Por ello se entiende que las determinaciones de la JCF no solo son perjudiciales para nuestros trabajadores y pensionados, sino que también resultan funestas a la propia administración de la UPR y a la economía de Puerto Rico”, aseguró Berríos Torres.

“Reiteramos que el Fideicomiso de Retiro-UPR no está insolvente ni quebrado. El Fideicomiso es una entidad jurídica independiente de la Universidad con un patrimonio de $1.4 billones totalmente separado de los activos de la Universidad. No entendemos porque la JCF pretende aplicar medidas empleadas a otros planes de retiro quebrados cuyo resultado ha sido que el gobierno ha tenido que responsabilizarse de su nómina mensual”, agregó el presidente de la Junta de Retiro de la UPR.

Finalmente, Berríos Torres aprovechó la oportunidad para recordarle a la JCF que esperan por una reunión, solicitada desde el pasado mes de abril, con el propósito de compartirle información contundente sobre alternativas no contempladas por la JCF que promueven la solvencia fiscal del Plan de Beneficios Definidos del Retiro UPR sin menoscabar la estabilidad fiscal presente y futura de la Universidad.