SAN JUAN – En momentos en que Puerto Rico y el mundo enfrentan consecuencias significativas del calentamiento global, los representantes populares Jesús Manuel Ortiz y Anibal Diaz Collazo, solicitaron a la gobernadora Wanda Vázquez que cumpla con la Ley 33 de mayo de 2019 que requiere se nombre un Comité de Expertos y Asesores sobre cambio climático.
Ortiz González y Diaz Collazo, miembros de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, indicaron que dicho comité, que estará compuesto por 9 miembros, tiene a su cargo asesorar y preparar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que será evaluado por la Asamblea Legislativa y será el llamado a coordinar con la Rama Ejecutiva, Legislativa, sectores industriales, grupos empresariales y organizaciones ambientales todas las medidas necesarias para alcanzar las métricas establecidas por la nueva Ley 33.
“El país está viendo como se acelera la erosión en nuestras costas, incrementan los fuegos forestales, disminuye la precipitación y se prolongan los periodos de sequía, aumenta la sedimentación en nuestros embalses y la turbiedad en el agua e incrementa el desarrollo de eventos atmosféricos como huracanes, inundaciones, entre otras señales. Es momento de actuar con responsabilidad por Puerto Rico y por nuestras próximas generaciones. Le corresponde a la gobernadora nombrar este comité e iniciar los trabajos en favor de nuestro ambiente. No hay tiempo que perder”, indicó Ortiz, portavoz popular en la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales.
La Ley 33 de 2019 requiere en su artículo 6 que la designación de los miembros del Comité se realice en o antes de 3 meses desde la aprobación de la presente Ley, por lo que ya expiró el término que comenzó a transcurrir el pasado 22 de mayo sin que conozcamos a quienes se considera ni cuándo se harán los nombramientos. Los nominados deberán contar con trasfondo educativo, profesional o experiencia en ciencias atmosféricas (climatología y meteorología), ciencias naturales (ciencias ambientales, biología, ecología, física y química), planificación (ambiental, económica y urbana), oceanografía, salud pública (salud ambiental, epidemiologia, demografía), ciencias terrestres (geografía, hidrología, geomorfología y geología), energía, sociología (repercusiones medioambientales y socioeconómicas), ingeniería ambiental y desarrollo sostenible. Además, al menos uno de estos deberá tener pericia en asuntos de energía renovable o alternativa para asuntos energéticos y no podrán ser empleados públicos, excepto el ser profesor de la Universidad de Puerto Rico.
El Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia que tienen que presentar debe ser uno viable para alcanzar los objetivos de reducción en las emisiones de gases de efecto de invernadero y de los contaminantes del aire para los períodos considerados, así como proponer medidas necesarias, incluyendo aquellos incentivos ambientales, para alcanzarlos de forma planificada y estableciendo indicadores cuantitativos anuales del impacto de las acciones.
“Puerto Rico, al igual que el resto del planeta, está experimentando efectos severos del cambio climático que impactan enormemente todos los aspectos de la vida de los habitantes de la Isla. Aunque desde el cuatrienio pasado se ha legislado al respecto, no existe un plan coordinado que integre los distintos sectores y dirija los trabajos para que se evalúe si efectivamente se alcanzan las métricas y objetivos propuestos por la nueva ley. Necesitamos un liderato consciente de esta realidad y que esté dispuesto a actuar de inmediato, por lo que requerimos a la gobernadora que actúe sobre este particular”, sentenció Diaz Collazo.