Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El magistrado federal, Marcos López, se reservó el fallo en la vista para la determinación de fianza en el caso por corrupción en contra del alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, a quien se le imputan cargos de soborno, extorsión y obstrucción de la justicia.

Luego de la presentación en corte de dos testigos por parte de la fiscalía federal y la estipulación de otros 26 por parte de los abogados de la defensa de Rivera Correa, y tras casi cinco horas de sesión, el magistrado López anunció a las partes que habrá de comunicarles su fallo de manera electrónica a través del sumario electrónico (“docket”) del caso.

“Eso va a ser a discreción del Tribunal, y podría tomar quizás hasta una semana”, señaló Rubén Morales Olivero, uno de los abogados de Rivera Correa en el caso, quien no anticipó que el magistrado fuera a decidir sobre el asunto de la fianza temprano esta semana.

Rivera Correa enfrenta cargos por soborno, extorsión y dos cargos de obstrucción de la justicia tras ser acusado por un gran jurado federal la semana pasada por solicitar de manera ilegal donativos políticos a contratistas a cabo de concederles contratos municipales. Rivera Correa fue acusado, arrestado e ingresado en el Centro Metropolitano de Detención el pasado jueves.

Durante la vista, que tuvo lugar ayer en la tarde, el fiscal federal Charles Walsh argumentó delante del magistrado López que debía a Rivera Correa negársele la fianza debido a que éste representa un riesgo para la seguridad, no solo de los testigos en el caso, sino también para la comunidad.

Como evidencia del supuesto carácter violento del alcalde, Walsh presentó en corte varios segmentos de las distintas grabaciones que investigadores del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) hicieron de conversaciones entre Rivera Correa y el co-conspirador número uno, a quien se identifica en las grabaciones como “Juan Carlos”. Las grabaciones fueron validadas por el agente Edwin R. López.

En las grabaciones presentadas en corte, también se escucha Rivera Correa proferir amenazas en contra de Alejandro Carrasco –abogado que mantenía contratos con varios municipios, incluidos Barceloneta y Río Grande– también por supuestos rumores de que colaboraba con el FBI.

No obstante, en su contrainterrogatorio, Morales Olivero logró que el agente López admitiera que las expresiones de Rivera Correa podían tener más interpretaciones de las que él les había dado en su testimonio inicial, incluso que pudieran entenderse como un consejo entre amigos.

Morales Olivero argumentó que su cliente es una persona pacífica, apegada a la ley y que no tiene antecedentes de actos criminales o violentos, por lo que no es correcto que sea un riesgo para la seguridad ni de los testigos en el caso, ni de la comunidad. De acuerdo con el abogado defensor, si Rivera Correa profirió amenazas en contra de alguna persona, lo había hecho debido a la ira y la frustración que experimentó producto de lo que pudo haber considerado como una injusticia (una investigación y acusaciones criminales).

Morales Olivero señaló que, pasados dos años desde que hiciera la alegada amenaza, ni el FBI, ni la fiscalía federal podía presentar evidencia de que la vida de los testigos amenazados haya estado o aún esté en peligro.