Organizaciones denuncian supuesta limitación de acceso a medicamentos en la Isla

04 Apr

SAN JUAN – Un grupo de organizaciones de salud denunció el martes las supuestas prácticas de denegaciones y dilación en pre-autorizaciones de medicamentos, por parte de las empresas conocidas como PMBs, lo que según éstas, pone en riesgo la salud y la vida de miles de pacientes. 

(Foto/Suministrada)

Como remedio a esta práctica, las organizaciones promueven la aprobación del proyecto del Senado 218.  “Este persigue regular a las PBM’s para garantizar transparencia en el proceso de acceso a medicamentos. Para ello, propone la creación de un organismo regulador adscrito al Departamento de Salud. Esta iniciativa eleva a Puerto Rico a nivel de una treintena de estados de la nación norteamericana.  La Oficina se solventará por sí sola con las licencias que pagarían estas empresas, que actualmente generan ganancias multimillonarias y no pagan licencia para operar en la Isla”, afirmó Julio Solier, presidente de la Asociación de Alzheimer en declaraciones escritas.

Explicó que los PBM’s fungen como “intermediarios” entre los planes médicos y las farmacias.  Actualmente, éstas controlan la administración, el manejo y la negociación de las cubiertas de medicamentos en la Isla, tanto para el seguro del gobierno como para los planes privados, a través de contratos con las aseguradoras.  “A pesar de la importante responsabilidad que éstas asumen, no son reguladas ni fiscalizadas por ningún organismo”, aseguraron los representantes de la Alianza Pro Acceso a Medicamentos. 

Las organizaciones de salud, adscritas a la Alianza, señalaron su seria preocupación por las constantes denegaciones de medicamentos que son esenciales para el tratamiento médico del paciente, así como por un patrón de dilaciones en pre-autorizaciones e incrementos en costos, entre otras prácticas, que estos aseguran se ha convertido en la norma. 

Por su parte, María Cristy, portavoz de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, explicó que los problemas de acceso a medicamentos se experimentan de forma constante y peor aún, el año pasado se duplicó el número de denegaciones por parte de los PBMs.  Según Cristy, esta crisis se agudiza, entre otros factores, por la falta de regulación que existe actualmente, que podría subsanarse con el Proyecto del Senado 218.

Los portavoces revelaron que sus organizaciones reciben miles de llamadas de pacientes y quejas por problemas en el acceso a sus medicamentos.  Esta situación es evidenciada con data de la Oficina del Procurador del Paciente que refleja, que solo para el 2016, se recibieron 33,000 llamadas de pacientes y 5,000 querellas. De éstas, el 80 por ciento está relacionada de forma directa a problemas en el acceso de medicamentos. 

“Los PBMs determinan a su criterio el reembolso de costos de medicamentos a las farmacias, lo que en un gran número de ocasiones está muy por debajo del costo real de la adquisición de medicamentos despachados por éstas.  Esto imposibilita que la farmacia adquiera el medicamento y por ende, dificulta el acceso del paciente al mismo”, señaló Leticia López, portavoz de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Problema de Psoriasis.

Por su parte, la doctora Norma Devarie, portavoz de la Alianza de Cooperativas de Proveedores de Salud de Puerto Rico, indicó que la Isla experimenta una crisis de salud y de violaciones a derechos del paciente. 

“Esta situación debe ser atendida con urgencia, de lo contrario continuará agravándose.  En nuestra organización se reportan miles de casos, pues como clase médica, somos el ente de primer contacto del paciente cuando confronta problemas entre la receta y el acceso.  Una cantidad alarmante de estas quejas son relacionadas a denegaciones de medicamentos, altos costos y dilaciones por parte del PBM. Otra de las situaciones experimentadas es que el médico receta un medicamento específico porque es el que mejor atiende la condición del paciente y en otros casos, porque es el único medicamento que ha resultado efectivo para dicho paciente. Sin embargo, el PBM a su discreción, determina no cubrirlo o se lo cambia”, agregó la doctora. 

Según ésta, los casos de denegaciones más comunes son los de anti-plaquetarios, anticoagulantes, antibióticos, antivirales, entre otros, que de no suministrase a tiempo la vida del paciente se pone en riesgo inminente.  “La falta de regulación de los PBMs, o los conocidos “intermediarios” en la Isla, está impactando de forma adversa el acceso a medicamentos que conforman el tratamiento médico del paciente y ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos.  Igualmente representa un aumento en costos de salud”, expuso Devarie.

Andrés González, presidente de Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI), afirmó que como padres, viven una constante pesadilla en el acceso a medicamentos.  “Es preocupante el número significativo de padres de niños con impedimentos, cuyas condiciones dependen de medicamentos controlados y de seguimiento.  Sin embargo, las constantes denegaciones de medicamentos terminan descompensando sus condiciones, entretanto se dilucida la controversia entre las PBMs y el tratamiento que estos necesitan. Los padres no tenemos un foro donde recurrir ya que las empresas (PBMs) no están reguladas en Puerto Rico.  Sus determinaciones pueden ser unilaterales y en ocasiones arbitrarias e impactan la salud y calidad de vida de nuestros niños”, añadió González. 

Los PBMs, son intermediarios que generan cerca de $500 millones en ganancias en la Isla y a nivel de los Estados Unidos alcanzan los $6 mil millones al año, según surge del Informe de la Comisión de Salud del Senado.  Tres de ellos controlan prácticamente el 75% del mercado en Puerto Rico. 

A la denuncia de la Alianza, se unieron también la Asociación Puertorriqueña del Pulmón, la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis, la Asociación de Epilepsia de Puerto Rico y la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, entre otras, quienes manifestaron preocupación por la limitación en el acceso a medicamentos experimentada por miles de pacientes en la Isla y urgieron a la Legislatura a poner como prioridad la evaluación y aprobación de esta medida.