Washington, DC – El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, respaldó hoy la propuesta del Departamento del Tesoro, el Consejo Económico Nacional y el Departamento de Salud federal de un paquete legislativo que dé a Puerto Rico un trato más equitativo en virtud de los programas de gasto y de crédito fiscal, y le de acceso a un proceso legal justo y ordenado de reestructuración de deuda.

Esto, durante su testimonio ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal para discutir la crisis fiscal de la Isla y auscultar soluciones.

Apoya propuesta presentada por el Departamento del Tesoro”.

“El paquete podría contener lenguaje autorizando al Tesoro a garantizar el reembolso del principal y los intereses de los futuros bonos de Puerto Rico. Actualmente Puerto Rico está fuera de los mercados de capital, y esta disposición aseguraría que el gobierno tenga el dinero necesario para cumplir con sus obligaciones inmediatas. Por último, el paquete legislativo podría prever una mayor supervisión federal del manejo de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de ayudar a la Isla a presupuestar, gastar e imponer contribuciones de manera más responsable y transparente. Creo que esa asistencia sería bien recibida por los ciudadanos y los acreedores por igual”, sostuvo.

Aunque el Comisionado Residente favorece la supervisión federal, éste se expresó en contra del control federal. “Si Puerto Rico está mejor gobernado a nivel local y recibe un trato justo a nivel federal, podemos superar nuestros desafíos. Mis constituyentes ya tienen que soportar la indignación de no poder votar por sus líderes nacionales. Erosionar más la democracia en Puerto Rico no puede ser la solución”.

De igual modo, Pierluisi sostuvo que la estadidad es la única solución duradera a la crisis económica, argumentando que la raíz del problema es la condición territorial actual y para que Puerto Rico progrese debe ser tratado con igualdad, que sólo se logrará siendo estado.

“El estatus de Puerto Rico no es un problema abstracto o teórico.  Es un mal moral, social y político con consecuencias devastadoras para los hombres, mujeres y niños que yo represento. Siempre habrá quien argumente que las disparidades en el desempeño de nuestra economía en comparación con los estados no tienen nada que ver con el trato discriminatorio que Puerto Rico recibe como territorio, a pesar de la abrumadora evidencia que lo contradice. Siempre habrá quien diga que el estatus territorial es una ventaja en vez de una desventaja, pero si el estatus actual fuera mejor, estaríamos mejor en vez de peor”, expresó Pierluisi.

El Comisionado Residente reiteró que la mayoría de los votantes en Puerto Rico rechazaron el estatus territorial actual en el plebiscito del 2012 y recordó a sus colegas que aún con el éxodo masivo de residentes de Puerto Rico hacia los estados, todavía representa a 3.5 millones de ciudadanos americanos—más que 12 de los 22 senadores de esta Comisión y más que 42 de los 100 senadores de este cuerpo.

“Lucho por el día en que Puerto Rico sea tratado con igualdad por derecho propio, y no tenga que venir a rogarle a este Congreso por un trato justo. Lucho por el día en que mis constituyentes tengan los mismos derechos y responsabilidades que sus constituyentes—no un trato especial, ni un trato peor, sino trato igual. En lo que llega ese día, hay mucho que el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal pueden hacer para ayudar a la isla a manejar su crisis económica, fiscal y demográfica.  Se requiere acción concreta que vaya al tuétano del problema”, dijo Pierluisi.

El Comisionado Residente enfatizó que aunque es el primero en criticar constructivamente al gobierno de Puerto Rico, no está dispuesto a aceptar críticas de sus colegas del Congreso, a menos de que vengan acompañadas de un reconocimiento de la responsabilidad compartida del gobierno federal en esta crisis.

Pierluisi ha radicado varios proyectos de ley para eliminar o mitigar las disparidades que han sido devastadoras para la economía de Puerto Rico.  Más recientemente, presentó el H.R. 3725, el cual autoriza al Tesoro federal a garantizar el repago de emisiones de bonos futuras, pero sólo si el gobierno actual demuestra una mejoría significativa en el manejo de sus finanzas, similar a lo que hizo el Congreso para Nueva York en 1975, para asegurar que el gobierno de Puerto Rico cuente con la liquidez que necesita para continuar proveyendo los servicios esenciales al pueblo.

“Reconozco que algunos miembros del Congreso, de buena fe, quieran algún mecanismo de fiscalización federal sobre Puerto Rico a cambio de un mejor trato bajo programas específicos de ayuda federal. Sin embargo, aunque rechazo cualquier disposición que le quite la autoridad para decisiones de gastos y de imponer contribuciones estatales a los líderes electos de Puerto Rico y se la dé a personas que no le responden a los votantes en la isla, algún tipo de fiscalización puede ser aceptable. Una cosa es fiscalización federal—que puedo considerar apropiado—y otra cosa es control federal—que considero totalmente inapropiado”, dijo el Comisionado Residente.

Sobre este punto, Pierluisi resaltó que el 11 de julio de 2013 testificó en una vista de esta Comisión sobre el S. 1237, el Omnibus Territories Act, que contenía una disposición para requerirle a la Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) que evaluara los estimados de ingresos y gastos de los gobiernos de los 5 territorios, incluyendo a Puerto Rico, e hiciera recomendaciones para mejorar el proceso para desarrollarlos.

“Me expresé a favor de esa disposición, explicando que el gobierno tenía un historial de sobreestimar sus ingresos y subestimar sus gastos en el año fiscal próximo, con todos los efectos negativos que esto causa”, dijo el Comisionado Residente.

Además, Pierluisi explicó que hay un rol adicional de fiscalización que la Contraloría federal pudiera realizar en Puerto Rico y que se debe incluir en cualquier paquete legislativo futuro: la sección 715 del Título 31 del Código federal de Rentas Internas de 1973 requiere que el GAO audite las cuentas y operaciones del gobierno del Distrito de Columbia anualmente, y presente un informe al alcalde, a la legislatura y al Congreso, incluyendo recomendaciones.  El estatuto requiere que el gobierno de DC provea toda la información relevante y las facilidades para llevar a cabo la auditoría.  Este estatuto, aunque sigue vigente, ha sido sustituido por otras leyes y el GAO ya no lleva a cabo esas auditorías.

“Una de las críticas principales al gobierno de Puerto Rico por parte del pueblo, de la comunidad inversora y por funcionarios federales es que no ha podido producir sus estados financieros auditados y confiables en un tiempo razonable, por lo que una ley federal autorizando al GAO con responsabilidades de auditar a Puerto Rico pudiera servir como un herramienta valiosa para todos los sectores interesados y para ayudar al gobierno de Puerto Rico a restablecer su credibilidad” afirmó Pierluisi.

A su vez, Pierluisi insistió en que el gobierno actual tiene que mejorar el manejo de sus finanzas y que aunque muchos de los problemas que enfrenta Puerto Rico se han acumulado por años, las acciones y omisiones de la administración actual han empeorado la situación en la isla.

“El hecho de que otras administraciones hayan fallado en manejar las finanzas públicas, no debe ser excusa para no hacer las cosas bien ahora.  El gobierno ha perdido credibilidad y demostrado falta de capacidad administrativa.  Se necesita transparencia, capacidad y liderato efectivo”, puntualizó el Comisionado Residente.