SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez aseguró el lunes que ese cuerpo no aprobará ninguna legislación que reduzca las pensiones de los jubilados del gobierno, o toque la nómina o promulgue el despido de servidores públicos.

“Como he dicho desde el primer día, esta Cámara de Representantes no va a aprobar ninguna legislación que reduzca la jornada de trabajo de nuestros servidores públicos, ninguna. Tampoco vamos a avalar el despido de trabajadores en el gobierno y no moveremos legislación que reduzca las pensiones de nuestros más necesitados. Eso no va a pasar. Ese es mi compromiso con los miles de padres y madres que trabajan en el gobierno y que han demostrado en esta emergencia suscitada por el paso de los huracanes Irma y María, la necesidad de tenerlos en la nómina”, comentó el líder legislativo en declaraciones escritas.

El domingo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, envió una carta a los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF), en la que anticipa que enmendará el Plan Fiscal para sacar del documento algunos de los reclamos hechos por la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA. Precisó que entregará un nuevo Plan Fiscal revisado el próximo jueves, que excluirá el despido de empleados públicos, una reforma laboral y un recorte a las pensiones.

“Nuestros servidores públicos trabajaron con una promesa, la de una pensión que le ayude a vivir, de manera justa, sus años de jubilación. Esa promesa no se va a romper. Entiendo que existe mucho desasosiego entre nuestros empleados de gobierno retirados por las posibles acciones que la Junta de Supervisión Fiscal pueda tomar en torno a sus pensiones, pero quiero dejarles claro que no vamos a reducir sus beneficios. Espero que esto no suceda, de ninguna forma, pero si la Junta insiste, buscaremos todas las vías necesarias para evitar estos injustos recortes. Ustedes dieron lo mejor de sí por el pueblo y esta Cámara no les va a fallar”, agregó el presidente de la Cámara.

Indicó que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara baja se hizo eco de sus expresiones.

“Nuestra administración llegó con una Junta de Supervisión ya instalada en Puerto Rico y tomando decisiones. Hemos hecho y estamos haciendo lo imposible para evitar las reducciones que quiere este ente federal impuesto por nuestra falta de poder político. La Ley 3-2013 trastocó todo el sistema de retiro central, desarticulando sus finanzas y dejándolo sin reservas de efectivo para pagar sus obligaciones a los pensionados. Recordemos, además, que, en la víspera de Noche Buena de 2013, el PPD aprobó una medida que ellos alegaban salvaría el sistema de retiro de maestros hasta el 2024. Eso no paso. En ese momento dijeron que habían salvado los sistemas de retiro. El tiempo nuevamente nos dio la razón. No hicieron nada que no sea condenar a la miseria a miles de servidores públicos. Eso no lo vamos a hacer nosotros”, dijo el líder cameral.

Por otra parte, los miembros de la delegación del PNP retaron a la Junta para que cumpla con la Ley PROMESA y actúe sobre las propuestas del Grupo de Trabajo Congresional Bipartita para el Desarrollo Económico de Puerto Rico.

Entre las mismas se encuentran aprobar legislación a favor de mayores recursos para los programas que se nutren de fondos Medicaid, particularmente ‘Mi Salud’. Las recomendaciones también enfatizan la necesidad de mejorar el trato que recibe la Isla bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios), la Parte B (servicios médicos), la Parte C (Programas Advantage) y la Parte D (cubierta de medicamentos).

De acuerdo con Méndez Núñez, el ‘Task Force’ propuso que se legisle una serie de iniciativas que darían asistencia a los medianos y pequeños comerciantes bajo los programas administrados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y que se enmiende la Sección 24 del Código de Rentas Internas federal para permitir a familias elegibles en Puerto Rico a reclamar el crédito contributivo federal por hijos dependientes. Se estima que esta propuesta podría inyectar 2,900 millones de dólares en la economía local durante los próximos 10 años, beneficiando a sobre 355,000 familias y 400,000 niños, con un pago promedio anual de 770 dólares.