SAN JUAN –  Tal y como había adelantado la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes, los recortes incluidos en el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa tendrán un efecto nefasto sobre los servicios más importantes que recibe la ciudadanía. Los representantes Jesús Santa, Javier Aponte Dalmau y Jesus Manuel Ortiz aseguraron que ya se evidencia que el presupuesto aprobado provocará una reducción en los medicamentos disponibles en el plan de salud, afectará el mantenimiento de carreteras municipales y estatales, creará serios problemas en el recogido de basura y contempla el despido de miles de empleados municipales y transitorios, entre muchas otras áreas de impacto.

Recorta 100 millones al plan de salud, imposibilita el mantenimiento de carreteras, municipales, contempla el despido de miles de empleados y provocará una crisis de salud pública por problemas con recogido de desperdicios”.

“Es lamentable que el Gobernador de Puerto Rico no haya cumplido con su deber de definir y defender los recursos que deben ser utilizados para brindar los servicios esenciales como Salud, Seguridad y Educaciòn. Como consecuencia de esa irresponsabilidad, los màs afectados seràn los sectores y personas màs vulnerables de nuestra sociedad”, manifestó Santa Rodríguez.

Por su parte Ortiz Gonzàlez indicó que “hace más de dos meses alertamos sobre el efecto terrible que los recortes propuestos por el gobernador van a tener en los servicios esenciales municipales y otros servicios básicos. Poco a poco veremos los efectos que el recorte de medicamentos en el plan de salud tendrá en la gente más necesitada, como afectará el mantenimiento de carreteras municipales y las consecuencias nefastas del despido de miles de empleados municipales y transitorios del gobierno central. Otro aspecto que tendrá efecto directo en la gente será la falta de recursos para recoger la basura lo que a su vez desencadenará una crisis de salud público como consecuencia de la proliferación de vertederos clandestinos. Todo producto de un presupuesto defectuoso y que no atiende las necesidades de la gente”.

Aunque el gobierno ha tratado de negar los efectos de su Plan Fiscal y su presupuesto, todos los días se revela como han dirigido recursos a agencias fiscales, sacrificando así a los municipios y a agencias que ofrecen servicios esenciales.

El representante Aponte Dalmau aseguró que la administración Rosselló “sabía de las consecuencias que tendrían los más de 100 millones en reducciones de ingresos a los municipios, no obstante, impidieron que tanto la Asociación como la Federación de Alcaldes, se expresara en vistas públicas bajo el supuesto de que están en discusión judicial “sub judice” por la Juez de Quiebra Federal. Esta Administración utilizó esta excusa para que los alcaldes, la Universidad de Puerto Rico y las corporaciones públicas, de las cuales sus presupuestos inciden directa o indirectamente en el Fondo General, fuesen privados de discusión pública ante la Asamblea Legislativa, violando así su prerrogativa constitucional”.