Por: Redacción Presencia
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CANÓVANAS- La alcaldesa de Canóvanas, Lornna J. Soto Villanueva, llevó esta semana los reclamos de las comunidades Villa Hugo I y II, y Valle Hill a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) a nivel federal con el objetivo de lograr la titularidad y que se le quite las restricciones federales impuesta al Estado y al Municipio que no les prohíbe hacer obras.

“La semana pasada me reuní con el Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierra del ELA, entidad que es propietaria de los terrenos y se logró que dicha entidad le traspase los terrenos a nombre del Departamento de la Vivienda para que estos puedan realizar las segregaciones en las comunidad Villa Hugo I y II. Pero mi gestión no descansó ahí, llegue a la capital federal para de frente hacerle el reclamo de estas comunidades y lograr que retiren la prohibición o restricción que no le permite al Municipio y al Estado hacer obras”, detalló Soto.

La Ejecutiva Municipal dijo que “la buena noticia es que ante nuestro planteamiento y evidencia presentada a la EPA me informan que no se estarían oponiendo ahora, por lo que no habría restricción para las áreas ya impactadas. Esto nos daría paso al desarrollo de un plan maestro interagencial comunitario en estas áreas luego de 25 años de haber invadido estos terrenos propiedad del Estado. Solo queda la opinión del Cuerpo de Ingenieros de los EU y la EPA nos informó que estará en comunicación con ellos”.

“Esta misión y esfuerzo municipal tiene el único objetivo de garantizar a los residentes salud y seguridad en su comunidad, y sobre todo que una vez y por todas se le otorgue la titularidad. No podemos perder ni un día más y los vecinos se merecen -luego de 25 años- justicia social y junto a la comunidad, el Estado y como Alcaldesa lo vamos a lograr”, enfatizó Soto Villanueva.

En su primera misión fuera del país como alcaldesa, Soto explicó que con el paso del huracán Hugo, hace 25 años un grupo de personas que se quedaron desamparados e invadieron terrenos del Gobierno de Puerto Rico localizados en el municipio de Canóvanas. Las personas que viven en esta comunidad no tienen servicios esenciales. Parte de la invasión se realizó en humedales, por lo que la EPA ha multado al Estado y estableció un plan de mitigación de mil cuerdas de terrenos que se cumplió.

Según la Oficina de Planificación del Municipio en los terrenos invadidos hay más de cinco mil personas y sobre 1,600 residencias.