Representantes irán al Tribunal para solicitar información que LUMA Energy no ha deseado compartir en vistas públicas

23 Jun

Wayne Stensby, presidente del consorcio LUMA Energy. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez, presidente de la Cámara, anunció el miércoles, al presidente del consorcio LUMA Energy, Wayne Stensby, que el cuerpo legislativo ha iniciado un proceso para presentar un recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia para requerir la divulgación de información que la empresa privada encargada de operar el sistema de transmisión y distribución de la isla no ha compartido a través de las vistas públicas.

El encuentro citado por la Comisión de Desarrollo Económico y Energía, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, contó con la participación de Stensby luego de haber sido convocado so pena de desacato el pasado jueves, 17 de junio. El proceso legislativo fue celebrado bajo la Resolución de la Cámara 243, que investiga asuntos relacionados a las prioridades económicas y energéticas de la isla.

“Aquí estamos dándole continuidad al proceso de fiscalización del uso de los fondos públicos, como la tarifa de energía eléctrica, que pudieran estar disponible para operar el sistema de transmisión y distribución de energía”, mencionó Torres Cruz en comunicación escrita.

El presidente de LUMA estuvo acompañado del asesor de asuntos externos del consorcio privado, el licenciado José Alberto Pérez Ortiz.

Torres Cruz resaltó en un turno inicial, que la Agenda para 2030 de las Naciones del Mundo, destaca la importancia de garantizar el acceso a una energía asequible y viable a la población. “Para dejar claro, que el derecho a la energía funcional es reconocido como un derecho internacional. Es un derecho a la vida”, indicó.

A su vez, el representante describió, que la responsabilidad de LUMA Energy, según el contrato, es mantener un servicio eléctrico confiable de transmisión y distribución, realizar el reclutamiento de personal capacitado para manejar el sistema, mantener una comunicación efectiva con las distintas ramas del gobierno y designar supervisores que velen por la salud del sistema eléctrico.

“¿Son ciertas estas obligaciones que acabo de mencionar?, preguntó el representante. Stenby contestó que “sí, nuestras obligaciones son con la distribución y transmisión de energía”.

Por otro lado, en la reunión pública, el presidente de LUMA compartió varios datos requeridos por los representantes. Actualmente, la compañía cuenta con sobre 2,550 empleados para cumplir con el acuerdo de energía. Del total, 2,220 empleados fueron contratados y 265 llegaron de las empresas matrices ALCO y Quanta Services.

“Algunos hemos estado hace un año y otros han llegado desde hace varias semanas”, mencionó Stensby.

¿Quienes pagan esos empleados que vienen de las empresas matrices?, cuestionó Torres Cruz. “La gran mayoría están siendo pagados por las tarifas que pagan los abonados de LUMA”, contestó el ejecutivo. A su vez, el portavoz del consorcio mencionó que su empresa opera tres centros de llamadas. También, mantiene contratos con tres empresas externas que anteriormente brindaban servicios a los clientes a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El representante Torres Cruz solicitó a Stensby la información sobre dónde quedan esos centros de llamadas. El presidente de LUMA se negó a ofrecer los datos solicitados por “motivos de seguridad”.

“Vamos a solicitar esos datos por escrito, porque vamos a visitarlos. Ahora todo lo esconden detrás de la seguridad”, aseguró el legislador. Torres Cruz realizó un pedido de la lista de empleados que forman parte del consorcio y son pagados con fondos públicos.

Sobre los eventos ocurridos en Monacillo, LUMA informó que aún se encuentran realizando un análisis forenses. Stensby recalcó que aún no han recibido notificaciones formales del FIB y del Departamento de la Policía sobre investigaciones que hayan realizado.

El presidente del consorcio destacó que la empresa cuenta con 195 brigadas que se dividen en transmisión, reparaciones, equipos de examinación de tormentas y órdenes de conexión de líneas nuevas.

Sin embargo, los representantes recibieron la sorpresa de que la empresa cuenta únicamente con 17 brigadas para atender los apagones y restauraciones sencillas de los 78 municipios.

Con relación a los centros de llamadas, Stensby informó que reciben diariamente 22 mil llamadas. “El 10 por ciento de los cientos de llamadas ayer fueron sobre los apagones”, aseguró.

A su vez, el representante Rafael “Tatito” Hernández cuestionó a Stensby sobre los protocolos que anteriormente seguía la AEE y las que ahora persigue LUMA Energy. “Voy a solicitarle, que durante un periodo de 24 horas le informe a esta comisión un análisis sobre esa comparativa y el impacto que ha tenido la creación de este contrato sobre los protocolos”.

El representante Orlando J. Aponte Rosario realizó preguntas sobre el Plan de Manejo de Emergencias para manejar eventos catastróficos. En su turno de respuesta, Stensby mencionó que el consorcio cuenta con un plan construido sobre la estructura de FEMA.

“Le hago la pregunta, porque ha trascendido en la prensa, que el gobierno de PR exime a LUMA de presentar un manejo de emergencias aprobado por Negociado de Energía”, mencionó el legislador.

Por otro lado, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra mencionó que el problema de los apagones y las variaciones de voltajes no se tenían antes de que llegara LUMA Energy.

“Me preocupa, que usted, el que dirige LUMA, siga cobrando y nosotros sin servicio eléctrico. Me cansé en las 20 vistas de preguntarle qué beneficiaba a LUMA a Puerto Rico y usted decía que era el conocimiento. Ahora, le pregunto ¿dónde está ese conocimiento?”, cuestionó Rivera Segarra. “Claramente estamos peor que antes”.

“Mis constituyentes no tienen dinero para comprar y mantener una planta eléctrica. Llevamos 23 días de crisis energética, rogándole a Dios que no se acerce una vaguada, ni una tormenta, ni un huracán. Eso costaría vidas y lo queremos evitar”, mencionó el legislador del Distrito 22, que incluye los pueblos de Lajas, Adjuntas, Jayuya y Utuado.

Por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli destacó que el sistema eléctrico del país ha estado frágil por mucho tiempo “pero no ha sido una casualidad, si no por diseño para empujar una privatización”. “Antes había suficiente personal para reparar los constantes desperfectos del sistema. Cuando entra LUMA, se reduce ese personal a la mitad. Tenemos ahora el mismo sistema frágil que está siendo atendido por menos personal”.

La vista pública también recibió la participación del portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.