(Foto/Suministrada)
SAN JUAN – Mediante votación por pase de lista con 19 votos a favor y 5 en contra, el Senado dio consejo y consentimiento al nombramiento del licenciado Omar Marrero Díaz como Secretario del Departamento de Estado, así como otras designaciones a puestos de Fiscal Auxiliar I y a la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico.
Como parte de su trayectoria profesional, el licenciado Marrero fue Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO); miembro de la junta de directores de la Administración de Compensación por Accidentes Automovilístico (ACAA); así como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos; director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público- Privadas; de la Autoridad del Distrito de Convenciones; de la Oficina de Recuperación y Reconstrucción (COR3) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agenda Fiscal (AAFAF), posición que continúa ocupando al presente.
Los senadores Ramón Ruíz Nieves, Thomas Rivera Schatz, Gregorio Matías, Carmelo Ríos y Henry Neumann se expresaron a favor del nombramiento de Marrero, mientras el senador independiente, José Vargas Vidot, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago y la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana se expresaron en contra.
Por otro lado, el Senado confirmó los nombramientos a la posición de Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia de la Lcda. Jessica Gotay Martínez, Lcdo. Enrique Arturo Rodríguez Álamo, Lcdo. Pedro Aníbal Vázquez Montijo, Lcdo. Miguel Ángel Hornero Colón, Lcda. Linda Lynn Sepúlveda Irizarry, Lcda. Tania Libertad Fernández Medero, Lcda. Glorimar García Ríos. También, dio paso a la confirmación de la Lcda. Alexandra Fernández Navarro como Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico.
Además, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 578 para enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y la Ley de Armas de Puerto Rico, con el fin de autorizar el ingreso de toda persona de 18 años o más al Negociado de la Policía de Puerto Rico y extender la edad máxima de ingreso. Asimismo, asegura que cada nuevo miembro de dicho Negociado tenga, como mínimo un grado asociado, el cual podrá completar en el término de tres años a partir de que juramente como cadete; permitir que un Agente del Negociado de la Policía menor de 21 años sea elegible para solicitar una licencia de armas.
La pieza legislativa indica en su exposición de motivos que es necesario enmendar los estatutos vigentes para que los miembros del Negociado de Ia Policía de Puerto Rico puedan comenzar a ejercer sus funciones habiendo cumplido, al menos 18 años. Esto mientras obtienen un grado asociado como mínimo, para continuar haciendo más ágil, eficiente y profesional nuestro primer cuerpo de ley y orden.
“De igual forma, entendemos imprescindible aumentar la edad máxima de ingreso al Negociado de la Policía, hasta los cuarenta y seis años, y de reingreso hasta los 50 años en atención a los cambios sociales y demográficos del País, los cambios en paradigmas de productividad y la estancia de una persona en la fuerza laboral. Con este cambio también ayudarnos a que se cumpla con las expectativas de reclutamiento para los próximos años”, añade la medida.
El presidente de la Comisión de Seguridad, senador Neumann Zayas, expresó que este es un proyecto de suma importancia en estos momentos relacionado con la seguridad que permite que jóvenes de 18 años en adelante puedan ingresar como cadetes a la Policía de Puerto Rico. “Hemos visto una fuerza de la policía que hace unos años rondaba en unos 16 mil efectivos y en estos momentos según las vistas que hicimos en la Comisión el cálculo actual es de alrededor 8,600 efectivos, así que hay una necesidad imperiosa del parte del Departamento de Seguridad Pública de poder seguir reclutando los efectivos de la policía para poder cubrir todas las áreas policiacas en la isla”, añadió Neumann.
También, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 19 para enmendar la “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex- Gobernadores”; y enmendar el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico; a los fines de aclarar los derechos o beneficios que ostentará un exgobernante, para establecer que no disfrutará de los beneficios si decide renunciar al cargo y para eliminar la discreción del Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico para proveer escoltas a un exfuncionario.
Igualmente, se dio paso a la Resolución del Senado 325 del senador Javier Aponte Dalmau, a los fines de establecer un proceso investigativo para identificar gastos y utilización de recursos fiscales del Estado Libre Asociado en contratación pública en lugar de utilizar estos recursos para otros fines, incluyendo el desarrollo de proyectos estratégicos. También, fueron aprobados los Proyectos de la Cámara 755 y 612; la Resolución del Senado 337 y la Resolución Conjunta de la Cámara 184.