SAN JUAN – Con la intención de mejorar la seguridad de los niños al momento de encontrase en un vehículo de motor, la Cámara de Representantes favoreció el Proyecto 1744, de la autoría del presidente del cuerpo Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el representante José ‘Memo’ González Mercado, que aumenta de ocho a nueve años la edad  máxima para el uso de asientos protectores para menores que viajen en autos.

Al mismo tiempo, faculta legalmente al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y a los técnicos certificados de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, a emitir y requerir certificaciones sobre la instalación adecuada de los asientos protectores para transportarlos.

Los representantes sostienen en la medida que “según estadísticas recientes, en Puerto Rico, 4 de cada 5 asientos protectores están mal instalados. En nuestras carreteras ocurren anualmente un promedio de 300,000 accidentes de tránsito. A consecuencia de éstos, mueren unas 500 personas y otras 40,000 resultan con lesiones, de los cuales un número considerable son menores que no están en los asientos protectores requeridos o están en asientos protectores que no están debidamente instalados”.

A esos efectos, la legislación propone que los niños hasta los dos años que pesen 22 libras o menos, deben transportarse en un asiento con posición de cara hacia atrás o en un asiento manufacturado como ‘solo para lactantes’; para niños de más de dos años y hasta cuatro años y once meses que tengan un peso de 23 a 40 libras, podrán transportarse en el asiento con posición de cara hacia adelante; y los niños de cinco a nueve años y un peso de hasta 65 libras, deben utilizar un asiento protector elevado, convertible o ‘booster seat’.

Asimismo, se favoreció la Resolución de la Cámara 837, del presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Ángel Peña Ramírez, que busca investigar la cantidad de farmacias que cerraron sus operaciones como consecuencia del paso de los huracanes Irma y María y, de esta manera, contabilizarlas con el propósito de constatar si las que actualmente se encuentran en funcionamiento sirven adecuadamente a la población que aquí reside.

“Entendemos que es vital saber la cantidad porque las farmacias juegan un rol crucial en la salud de nuestro pueblo y es el interés del gobierno contar con una red robusta de farmacias alrededor de toda la Isla.  Se hace imprescindible auscultar si el actual número de farmacias abiertas es suficiente para atender las necesidades de la ciudadanía, y de ser necesario, delinear acciones dirigidas a fomentar el crecimiento de esta industria en la Isla.  Particularmente las de la comunidad, que son el primer lugar al que muchos ciudadanos acuden, no sólo para buscar sus recetas sino también para realizar consultas y hasta comprar artículos de primera necesidad”, sostiene en la medida Peña Ramírez.

Ante la experiencia sufrida tras el paso de los huracanes Irma y María, la Cámara atendió el Proyecto del Senado 699, para crear la “Ley de Congelación y Fijación Automática de Precios en Situaciones de Emergencia”, a los fines de adoptar la política pública del Gobierno local sobre la congelación automática de precios en casos de emergencia.

Igualmente, se respaldó el P. del S. 961, para crear la “Ley de Moratoria y de Modificaciones de Hipotecas a causa del huracán María”, y de esta manera, asistir a los acreedores que obtuvieron una moratoria en sus préstamos hipotecarios residenciales como consecuencia del paso de huracán María en poner sus préstamos al corriente. Además, proveerá una exención en el pago de derechos y aranceles para los instrumentos públicos otorgados a raíz de la presente Ley.

Asimismo, se endosó el P. del S. 236, que crea la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico” para establecer como principio de Política Pública el libre acceso a los datos que se originen, conserven o reciban por los Organismos Gubernamentales y que crea el cargo del Principal Oficial de Datos (“Chief Data Officer”) para ello.

El representante Jorge Navarro Suárez sostuvo que “la medida empodera al pueblo a tener acceso a la información”, mientras que el representante independiente, Manuel Natal Albelo, sostuvo que “es importante que permanezca la sustancia de la misma”. Los representantes de minoría del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón y del Partido Popular (PPD), Luis Vega Ramos, concordaron que la legislación “ayuda en el ejercicio de los ciudadanos a ser informados y las excepciones no dejan mucho espacio para áreas grises”.

También, se concurrió con la R. de la C. 988, para investigar el restablecimiento del servicio telefónico en los distintos cuarteles del Negociado de la Policía de Puerto Rico luego del paso del huracán María e identificar alternativas para agilizar el restablecimiento del mismo. Hernández Montañez y Márquez Lebrón coincidieron al expresar su preocupación por las condiciones de los sistemas de telecomunicaciones en plena temporada pico de huracanes y que, a tal efecto “debe hacerse la investigación”. Mientras que el representante Luis “Junior” Pérez de la mayoría parlamentaria, sostuvo que “debemos estar agradecidos por la labor de la policía antes, durante y después de los huracanes Irma y María. Dejaron a sus familias solas para atender la vida y propiedad de la ciudadanía… María no fue cualquier huracán, además, lo más difícil no es su paso, es la recuperación”.

De igual manera se aprobaron la R. de la C. 856, que investigará el estado estructural en que se encuentran los puentes de la Isla tras el paso del huracán, en especial el puente peatonal de la carretera PR-2 frente al centro comercial Plaza del Atlántico que atraviesa los municipios de Arecibo y Hatillo; R. de la C. 877, para investigar el aumento del costo en los materiales de construcción, sus márgenes de ganancias, el impacto al consumidor y las gestiones realizadas por el Departamento de Asuntos del Consumidor para fiscalizar el alza; así como la R. de la C. 968, en torno al éxodo de los dentistas de Puerto Rico con el fin de buscar iniciativas para detener su emigración y lograr el regreso a la Isla de estos profesionales de la salud.

Contó además con el respaldo del cuerpo legislativo, la R. de la C. 1008, que ordena se investigue la implementación de la  “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, para atemperarla a las leyes vigentes al extender el periodo para la renovación de la licencia de estos y de los guardias de seguridad y la R. de la C.1056, para auscultar los planes presentes y futuros, relacionados a los recursos económicos y sociales del gobierno para los municipios de Las Piedras, Humacao y Naguabo,

También, las R. C. del S. 122 y 169 y el P. de la C. 1522 en concurrencia; para denominar la Calle “Carro” que ubica en el casco urbano  del Municipio de San Germán con el nombre de Armandito Torres Ortiz; designar con el nombre de Sargento Héctor L. Matías Torres, el cuartel de la Policía de Puerto Rico del Municipio de Añasco; y designar con el nombre de “Puente la Esperanza “al puente ubicado en el Barrio San Lorenzo, Carretera 567 del término municipal de Morovis, restaurado luego del paso del huracán María, ícono de la superación y perseverancia de la comunidad.

La Cámara recesó sus trabajos hasta próximo jueves, 13 de septiembre de 2018 a las 11:00 de la mañana.