LUQUILLO – El Gobierno Municipal de Luquillo desmintió hoy, mediante comunicado de prensa, cualquier contratación con empresas vinculadas con actos de corrupción; según fuera publicado por parte de un periódico regional de la zona noreste y en redes sociales.
“El Gobierno Municipal de Luquillo siempre ha realizado sus contrataciones y adquisición de bienes y servicios según lo requiere la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley 81 de 1991. No se hizo ningún tipo de excepción con la compañía Allied Technologies en este caso. En todo lo relacionado a la compra de equipo de Allied se procedió como dispone el Capítulo 10 de dicha Ley”, aseguró la secretaria municipal, Keyla Centeno.
Según informó la funcionaria, la referida empresa está registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico bajo el nombre de “ALLIED TECHNOLOGY CONSULTING GROUP, CORP., Núm. de Registro 202631.
Por su parte, Manuel Miranda, presidente de Allied Technology, aseguró que la entidad que dirige no tiene vínculos ni relación alguna con personas mencionadas en casos ante los tribunales. “Nuestra corporación es una entidad jurídica completamente privada y sin ningún tipo de relación con personas o casos ventilándose en el tribunal de Distrito Federal en Puerto Rico”, puntualizó Miranda.
“Ninguna de las empresas en el caso federal ha sido contratada por el Gobierno Municipal de Luquillo. Todo esto era de fácil corroboración para evitar llevar información incorrecta o engañosa al público. Todos los procesos relacionados con la compra de bienes y servicios en el municipio de Luquillo, cumplen con criterios altos de prudencia, responsabilidad y siguiendo al pie de la letra de la ley”, indicó el director de Compras del municipio, Nehemías Sánchez.
Según la información que ha sido publicada por la prensa nacional, las empresas que fueron motivos de discusión en el tribunal federal fueron: 3 Comm Global por contratos con la Cámara de Representantes, relacionado a la adquisición de un cuadro telefónico; además de Eko Technologies, Waffler Avenue, JM Profesional & Training Group y Links Group.
Mientras, el primer ejecutivo de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, lamentó que una información que podía ser de fácil corroboración, fuera divulgada sin el menor esfuerzo por ser constatada.
“Nos llama mucho la atención que la información publicada hace una mezcla de inferencias incongruentes entre sí con información falsa sobre una alegada contratación de una compañía vinculada a personas acusadas en el tribunal federal, resultando todo en lo absurdo. Era tan sencillo como solicitar la información en nuestros sistemas para corroborar que Allied Technology no tenía nada que ver con casos de corrupción, que no tengo más alternativa que concluir que fue deliberado la intención de confundir o llevar un mensaje falsamente construido ante los luquillenses”, afirmó el alcalde.
Por otra parte, el comunicado de prensa señala la forma particular en que ciertos administradores de una página en las redes sociales divulgaron información y documentos públicos sin proceder en cumplimiento con la Ordenanza Municipal. Esta establece claramente que, para la obtención de copias de documentos públicos u órdenes de compra, se procese previamente el pago por el total de copias en el Departamento de Rentas Públicas.
“El obtener documentos públicos sin seguir el debido proceso y sin el correspondiente pago de los aranceles, es una violación de ley. Al día de hoy puedo confirmar que no hay una solicitud en propiedad sobre dichos documentos. De igual forma, nos preocupa el hecho que algún empleado o exfuncionario público, haya divulgado u obtenido de manera ilegal esta documentación. El municipio de Luquillo reconoce el acceso a los documentos públicos, pues somos una administración transparente, pero todos venimos obligados a cumplir con la reglamentación establecida para obtener copia de tales documentos”, expresó el director de Finanzas, Luis Rodríguez Charles.
Según Rodríguez Charles, la Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 4.2, (Prohibiciones éticas de carácter general), prohíbe en el inciso (f) que un servidor público revele o use información o documentos confidenciales adquiridos por razón de su empleo, con el fin de para obtener, directa o indirectamente, un beneficio para él, una persona, entidad privada o negocio. “Además de ser repudiable la forma y manera en que se obtuvieron los documentos, dado que fue mediante el quebrantamiento de las leyes estatales y los reglamentos municipales”, concluyó Rodríguez Charles.