Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- La expresidenta de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Moraima Rivera, dijo ayer que dos procesadoras de carne en Puerto Rico tendrán que comparecer en la oficina de Ponce del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a raíz de una querella por alegadas violaciones a la Ley GISPA.
“La jueza federal Jamice K. Bullard, ha citado a los agricultores de carne de res y cerdo a la vista por violaciones a la Ley GIPSA contra de Empacadora y Procesadora del Sur y/o San Juan Meat, presidido por Carlos Cándido Rodríguez Alonso”, dijo Rivera, quien fue una de las querellantes, en un comunicado de prensa.
Según la expresidenta de la Asociación de Agricultores, Rodríguez Alonso enfrenta multas y cancelación de permisos u otras sanciones disciplinarias por no pagarle a tiempo a los ganaderos de res y pocino cultores y hacerle descuentos ilegales en sus pagos y en libras en los animales entregados para el Programa de Comedores Escolares del Departamento de Educación.
“Los agricultores de Puerto Rico e Islas Vírgenes están protegidos por la dicha Ley que exige se le pague al agricultor al momento de la venta. Además establece todo un protocolo en las balanzas al momento de pesar los animales. GIPSA había dado un cese y desista a las plantas el año pasado. En Estados Unidos muchos violadores han cumplido cárcel por violar esta Ley”, detalló.
Las vistas iniciarán el próximo 19 al 22 de febrero, a las 9:00 a.m., en las Oficinas del USDA en la Oficina 203 en los altos de Santa María Shopping Center en Ponce.
Según Rivera, para dichas vistas se ha movilizado todo el personal desde fiscales a funcionarios especializados en el caso y en dicha Ley. Expresó que este es el primer caso que se estará llevando en suelo puertorriqueño relacionado con violaciones a los derechos que tienen los agricultores bajo esta Ley, pero indican los agricultores que no será el único ya que se han radicado querellas de otras plantas y mataderos.
“Por otro lado los agricultores tanto de res y de cerdo han pedido una investigación federal completa de los pasados diez años al USDA que incluya al Departamento de Educación y Departamento de Agricultura y sus funcionarios. Estos alegan que estos son responsables de las pérdidas tanto de res como de cerdo por favorecer a los mataderos y planteros en detrimento de la Industria local. Además, por obligarlos a firmar contratos de venta que los saca de la protección de la Ley. La Ley compensa a los agricultores por perdidas por violaciones”, apuntó Rivera.