Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, reconoció hoy que la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno de Puerto Rico podría convertirse en la Ley 7 que la administración del exgobernador, Luis Fortuño, aprobó el cuatrienio pasado para supuestamente atender la crisis fiscal del País.

“Nosotros, como gobierno, tenemos que diferenciarnos de la nefasta Ley 7. Y nos hemos diferenciado de la manera en que no hemos despedido servidores públicos… no lo hemos hecho en el municipio de San Juan, no lo ha hecho el gobierno central”, señaló Cruz Soto para inmediatamente después advertir que “en este País la soga no puede seguir partiendo por aquellos que producen para la sociedad”.

Cruz Soto se refería a las disposiciones incluidas en la propuesta Ley de Sustentabilidad, que de ser aprobada otorga la autoridad al gobierno para cancelar o limitar los beneficios de los trabajadores gubernamentales que fueron negociados en convenios colectivos, o que figuran como derechos adquiridos, entre otras disposiciones. La Ley 7 de 2009 limitaba de manera similar los derechos y beneficios de los trabajadores.

La Alcaldesa reconoció abiertamente que la propuesta Ley de Sustentabilidad no se diferencia lo suficiente de la Ley 7.

“Yo no creo [que se diferencia]. Se diferencia en la forma en que se ha manifestado: no ha habido despidos. Pero ayer el Secretario de Justicia nos remitió a que, legalmente, eran básicamente lo mismo”, dijo Cruz Soto con tono de resignación.

Cuestionada sobre si esta ley podría ser la Ley 7 del Partido Popular Democrático (PPD), Cruz Soto señaló que eso dependería de que se dieran los despidos en el gobierno.

Más de una docena de sindicatos y uniones obreras se manifestaron ayer en contra de la aprobación de los proyectos de ley 1922, en la Cámara, y el 1092, en el Senado, apenas unos momentos antes de que el liderato sindical del País depusiera en las vistas públicas para dichos proyectos. Como parte de sus estrategias para combatir la aprobación de lo que llamaron “una ley hija de la Ley 7”, los líderes sindicales anticiparon una serie de paros locales en preparación hacia un gran paro general en las operaciones de las distintas agencias de gobierno y las corporaciones públicas.

“Yo creo que el País tiene que entender que cuando los sindicatos se tiran a la calle [esa] no es su primera opción. Esta administración, la de Alejandro García Padilla, ha dado muestras de que, número uno, no va a resolver los problemas despidiendo gente, y número dos, de que se puede sentar a la mesa a dialogar. Así que, mi petición, como ha sido siempre, es que se dé esa mesa de diálogo, coincidente”, dijo Cruz Soto.