SAN JUAN – La Alianza Correccional Unida, ACU Local 3500 de Servidores Públicos Unidos, representante sindical de los oficiales de custodia del Departamento de Corrección anunció el lunes, que le envío el lunes, a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko una misiva donde exponen con datos las razones por las cuales no se debe certificar la privatización de las cárceles públicas de Puerto Rico.

“La larga historia y experiencia de nuestra unión internacional AFSCME estudiando este asunto enseña que no hay evidencia que demuestre que la privatización de las cárceles economice al pueblo dinero alguno, y eso lo aprendió Puerto Rico en sus contratos con CCA y Wackenhut desde el 1997 al 2003 y en el 2013. Esta propuesta es una equivocación del Gobierno, que no acarreará ahorros reales al erario y que expone al Gobierno a demandas por parte de los confinados y familiares lo que sí acarrearía costos incalculables para el gobierno”, expresó Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME en declaraciones escritas.  

Explicó que el plan fiscal para Puerto Rico del 12 de febrero de 2018 incluye una propuesta de trasladar 3,200 confinados de Puerto Rico a cárceles privadas en los Estados Unidos. Según la unión hacer dicho traslado pudiera violar la Constitución de Puerto Rico y exacerbar el déficit en la Isla. Además de que expondría al Gobierno a demandas por violaciones a sus derechos civiles y humanos.

En la carta suscrita por el liderato de ACU se hace referencia a varias instancias donde hubo traslados de confinados y tuvieron que devolverlos a la Isla, así como varias privatizaciones en la Isla que no funcionaron y resultaron más costosas al pueblo. “Durante los años 2011 al 2013, confinados de Puerto Rico fueron enviados por el DCR a una cárcel de la Corporación Correccional de América en Oklahoma. Ese experimento terminó trágicamente cuando, a raíz de un violento altercado que involucró a la unidad de vivienda que albergaba los confinados puertorriqueños, el gobierno de Puerto Rico canceló prematuramente el contrato y admitió que al hacerlo le ahorraba al pueblo 1.5 millones de dólares” explican. 

También recordaron que en la Administración del Gobernador Pedro Rosselló en 1997, se adoptó la política de privatización de cárceles y contrataron a Wackenhut y a CCA para administrar 4 cárceles en Puerto Rico. En el 2001, el Gobierno retomó 10 instituciones juveniles para economizar 10 millones de dólares. Entre el 2002 y 2003 se retomaron las 4 cárceles privadas de los adultos por el alto costo que significaban.

“Por nuestra experiencia podemos decir que siempre ocurre lo mismo. El Gobierno alega que va a resultar más económico externalizar los presos, lo sustentan a base de la tarifa diaria per cápita. No hablan de los costos ocultos y de los incrementos automáticos de las tarifas. En aquella época los gastos ocultos eran: gastos médicos de servicios fuera de las instituciones, gastos mortuorios, servicios socio-penales y costos de monitoreo, entre otros. Y cuando finalmente se dan cuenta de que no era beneficioso para el país echan para atrás y terminamos pagando mucho más en el proceso de reinsertarlos nuevamente al sistema”, sentenció Pedro de Valle, vicepresidente de ACU y oficial correccional de Aguadilla.

Por otro lado, el sindicato explicó que, de implantarse dicho plan de traslados, el DCR cerraría algunas instituciones y trasladaría oficiales a las instituciones restantes, creando serios problemas de salud, seguridad y fatiga a los oficiales traslados por las largas distancias a recorrer y los extenuantes turnos que se trabajan en Corrección. Y en caso de repetirse la misma experiencia del pasado, para retomar a los 3,200 confinados el Gobierno deberá absorber el costo de volver a habilitar las cárceles cerradas, reclutar y adiestrar y equipar nuevo personal y el proceso de traslado de vuelta a la isla.

La unión hizo hincapié que no hay base racional para apoyar este Programa debido a los limitados recursos disponibles. La carta reza que: aún asumiendo correcto el argumento de que pueden lograr economías de 46.9 millones de dólares anuales, la macroeconomía básica demuestra que debido a que su plan es utilizar 70 millones de dólares del DCR, fuera de la Isla (como mínimo), como consecuencia, el déficit estructural del gobierno en efecto, se incrementaría considerablemente. Esto debido a que, aún utilizando un estimado conservador de que por cada dólar que el gobierno deja de gastar en la Isla se pierden 80 centavos en recaudos en contribuciones, la combinación de 70 millones de dólares, removidos de la economía por la externalización y el alegado recorte de 46.9 millones de dólares del gasto, reduciría los ingresos por concepto de contribuciones en 93.5 millones de dólares, lo que minimizaría la reducción de costos de 46.9 millones de dólares, alegada por el Gobernador y sumaría al déficit estructural anual del gobierno la impresionante suma de 44 millones de dólares.”

La unión espera que el Gobierno recapacite y que la Junta de Supervisión Fiscal no certifique esta externalización o privatización de las cárceles.